En un despliegue que parece más adecuado para una invasión extraterrestre que para pacificar una región, un ejército de 620 almas uniformadas descendió anoche sobre la zona de Tula. Su misión: recuperar la tranquilidad. Una tranquilidad que, según los reportes, se esfumó junto con al menos diez vidas en los primeros días del año.
La estrategia, bautizada pomposamente como “blindaje de seguridad”, cubre cinco municipios. Lo dirige la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en una coordinación tan interinstitucional que incluye desde la Fiscalía General de la República hasta la Secretaría de la Defensa Nacional. Una maquinaria burocrática en marcha.
“El despliegue se mantendrá de manera permanente”, declaró el Gabinete de Seguridad.
La palabra “permanente” resuena con una promesa—o quizás una amenaza—de ocupación indefinida. Más de 300 elementos federales se sumaron a los ya desplegados. En Santa Ana Ahuehuepan, municipio de Tula, ya realizaron dos cateos en lo que llaman la “primera fase”.
El corazón del problema late en los ductos: el robo de combustible. Esta actividad ilícita ha sido el detonante principal de la reciente y sangrienta escalada. Mientras tanto, las autoridades prometen presencia policial, prevención e investigación. El tiempo dirá si este monumental operativo logra algo más que una presencia temporalmente abrumadora.
