“La nueva mafia del poder no dispara cañones, firma contratos: la Semar ya no custodia mares, ahora navega presupuestos.”
En México, la palabra “mafia del poder” fue durante años un fantasma útil para señalar a políticos de corbata y empresarios de club privado. Hoy ese fantasma cambió de uniforme: la nueva mafia ya no negocia en restaurantes caros, sino en oficinas con banderas al frente; no se pasea en camionetas blindadas, sino en barcos de guerra. La Secretaría de Marina dejó de ser guardián de las costas para convertirse en la empresa más poderosa del sexenio.
El parteaguas llegó en 2020, cuando se le entregaron puertos y aduanas marítimas bajo el argumento de combatir la corrupción. Lo que parecía una operación quirúrgica se convirtió en una transfusión de poder: de custodiar barcos pasaron a custodiar contratos, de vigilar muelles a manejar presupuestos. Y en ese salto descubrieron que la chequera, en tiempos de “seguridad nacional”, puede ser más letal que cualquier cañón.
Hoy la Semar reparte contratos directos, engorda presupuestos y amarra proyectos multimillonarios sin pasar por el mismo escrutinio que otras secretarías civiles. La Auditoría Superior apenas alcanza a asomar la nariz antes de toparse con el muro de lo “clasificado”. En la práctica, la opacidad ya es parte del uniforme.
El caso del Corredor Interoceánico y su conexión con el Tren Maya es el mejor ejemplo: contratos adjudicados a empresas como Mota-Engil, montos que se disparan, plazos elásticos y una puerta giratoria donde vicealmirantes retirados terminan dirigiendo las obras. ¿Eficiencia? Tal vez. ¿Transparencia? Ninguna. La Marina es juez, contratista y supervisor. Todo a la vez.
Y cuando parecía que el exceso era solo administrativo, apareció la mancha del huachicol fiscal. El escándalo del Challenge Procyan en Tampico destapó un engranaje de contrabando de combustibles operado bajo la nariz de mandos navales. Diésel con grado naval circulando en barcos fantasma, homicidios ligados al negocio y millones evaporados mientras la “seguridad nacional” servía de tapadera. El huachicol ya no es solo gasolina ordeñada en ductos: es combustible con charola oficial.
El problema no termina en la coyuntura. Lo más inquietante es el futuro. Una institución que concentra puertos, aduanas, trenes y aeropuertos no solo es una secretaría más: es un Estado dentro del Estado. Con autonomía financiera, con capacidad para desplazar al sector privado y con un blindaje político que ningún presidente futuro se atreverá a desarmar. Quitarle a la Semar lo que ya saboreó sería como pedirle a un tiburón que devuelva la carnada.
La vieja mafia del poder vivía del compadrazgo político-empresarial. La nueva viste uniforme, reparte contratos y canta el himno antes de adjudicar. ¿Quién fiscaliza cuando el que debe ser vigilado también es el vigilante? ¿Quién pone límites a un poder económico que navega con bandera de patria, pero rumbo de corporativo?
La pregunta queda flotando en la bahía: ¿defiende la Semar la soberanía… o la está hipotecando en cada contrato?
