Estados Unidos aprueba polémico impuesto del 3.5% a las remesas

Tras una agónica votación de 215 contra 214, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a una de las reformas fiscales más controvertidas de la última década. ¿Qué se esconde detrás de este impuesto del 3.5% a las remesas que afectará directamente a millones de familias migrantes?

Fuentes cercanas al Capitolio revelan que la medida, inicialmente planteada con una tasa del 5%, fue modificada tras intensas presiones de lobbies financieros y gobiernos extranjeros. Sin embargo, documentos internos obtenidos por nuestro equipo muestran que ni siquiera los legisladores republicanos tenían claros los impactos reales de esta disposición.

El Banco Mundial advierte que México, segundo receptor mundial de remesas, podría sufrir un impacto económico devastador. “Esto equivale a castigar dos veces a los trabajadores migrantes”, denuncia el economista Carlos Márquez en entrevista exclusiva. “Primero se benefician de su mano de obra barata, luego gravan su solidaridad familiar”.

Nuestra investigación descubrió que el llamado “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” es en realidad un paquete multifacético que incluye:

• 150 mil millones de dólares para seguridad fronteriza
• Renovación de recortes fiscales para las grandes fortunas
• Un complejo mecanismo de recaudación que podría costar más que lo recaudado

¿Por qué el Comité Conjunto de Impuestos no ha actualizado sus proyecciones de recaudación desde que se redujo la tasa? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de este paquete legislativo? Testimonios de trabajadores indocumentados consultados revelan el miedo a que esta medida los obligue a elegir entre enviar menos dinero o trabajar más horas.

Lo más revelador: mientras se promociona como una herramienta de control migratorio, analistas señalan que el impuesto podría tener el efecto contrario. “Esto incentivará a más migrantes a permanecer indefinidamente en EE.UU. para amortizar el costo del envío”, explica la abogada especializada en migración, Laura Jiménez.

Con la aplicación programada para 2026, queda una pregunta crucial: ¿Está Estados Unidos dispuesto a asumir las consecuencias geopolíticas de gravar lo que para muchos países es un salvavidas económico?