Un juez federal decretó el vinculado a proceso contra Jorge Armando “N”, conocido con el alias de El Licenciado, y siete de sus escoltas personales, por su presunta responsabilidad en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre. La audiencia inicial, celebrada para determinar la situación jurídica de los imputados, se extendió por aproximadamente dieciocho horas, reflejando la complejidad y gravedad del caso.
Las imputaciones formales presentadas por la Fiscalía de Michoacán detallan cargos de homicidio calificado y lesiones calificadas en contra de El Licenciado, por los delitos perpetrados no solo en agravio del edil, sino también de dos civiles que resultaron afectados durante el ataque. Respecto a los siete elementos de seguridad, la acusación se centra en la figura de homicidio calificado en grado de comisión por omisión. La teoría del caso sostiene que, en su calidad de escoltas, tenían la obligación legal y contractual de proteger al alcalde, y su falta de acción para impedir el atentado constituye una forma de participación delictiva.
Como medida cautelar, el juez resolvió la prisión preventiva oficiosa para todos los implicados. Jorge Armando “N” fue trasladado al penal federal de El Altiplano, una de las cárceles de máxima seguridad en el país, mientras que sus siete escoltas quedaron recluidos en el Centro de Readaptación Social de Mil Cumbres, ubicado en las inmediaciones de Morelia. Paralelamente, la autoridad judicial concedió un plazo de tres meses a la fiscalía para la integración de la investigación complementaria, un periodo destinado a recabar evidencia adicional, practicar nuevas diligencias y consolidar la acusación.
El contexto del crimen remite a la noche del 1 de noviembre, durante la celebración de un evento conmemorativo por el Día de Muertos en el municipio de Uruapan. El ataque, ejecutado con violencia extrema y una logística precisa, conmocionó a la comunidad y puso de relieve los serios desafíos de seguridad en la región. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán, la ejecución material involucró al menos a tres hombres. Uno de ellos fue abatido en el lugar del crimen durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Los otros dos individuos, señalados como los presuntos responsables de la planeación y el apoyo logístico del homicidio, fueron localizados sin vida el 10 de noviembre, en un evento que las autoridades investigan como un probable ajuste de cuentas al interior de la estructura criminal.
Los autores materiales del asesinato han sido identificados por las autoridades como Víctor Manuel “N”, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”. La resolución judicial representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para el alcalde Carlos Manzo; sin embargo, también subraya la intrincada red de violencia y las complejas dinámicas del crimen organizado que operan en la zona, donde la colusión entre funcionarios y grupos delictivos constituye una amenaza constante para la estabilidad institucional y la seguridad de los ciudadanos. El caso continúa su curso, y se espera que las pesquisas de los siguientes tres meses aporten mayor claridad sobre los móviles y todos los involucrados en este grave hecho.
