En la siempre ejemplar y meticulosamente preparada Ciudad de México, un estremecimiento telúrico de 6.5 grados, proveniente de las entrañas de San Marcos, Guerrero, vino a recordar a la población su intrínseca condición de funambulista sobre una placa tectónica. La alcaldía Benito Juárez, bastión de la eficiencia administrativa, tuvo el penoso deber de informar sobre una baja en su territorio: un caballero de sesenta primaveras, residente de la colonia Álamos, quien, en un acto de obediencia casi patriótica al protocolo de desalojo, decidió que las escaleras de su segundo piso eran el escenario perfecto para una última y fatal pirueta.
La crónica oficial, pulcramente empaquetada en una tarjeta informativa, relata con una frialdad digna de un informe de ventas que el sujeto, en su frenética huida hacia la supuesta seguridad, tropezó con el mismísimo destino (o quizá con un escalón maldito) y perdió el conocimiento. El personal de seguridad del inmueble, cumpliendo su sagrado deber, activó el ritual de los servicios de emergencia. Acudió, con la premura que la tradición burocrática permite, la unidad 695 de la CRUM. Los paramédicos, esos sacerdotes laicos de la urgencia, realizaron las reverencias clínicas de rigor solo para dictaminar que el ciudadano había optado por una retirada elegante, sin dejar rastro de signos vitales.
Mientras tanto, la maquinaria gubernamental ya se había puesto en marcha. La alcaldía, en un alarde de proactividad, ha comenzado la solemne ceremonia de “evaluar daños en la zona” y se mantiene en un estado de alerta perpetua, contemplando con preocupación académica la posibilidad de réplicas. Así funciona la gran obra de teatro de la prevención: un ciudadano muere ejecutando el plan de escape, y la autoridad responde con informes, evaluaciones y una vigilancia estoica, confirmando que, a veces, el mayor peligro no es que la tierra tiemble, sino el trágico ballet de absurdos que se activa cuando lo hace.
