La tarde del domingo se tiñó de rojo en la comunidad Loma de Flores. Lo que comenzó como un partido de fútbol terminó en una escena de caos y terror cuando hombres armados irrumpieron en la cancha y abrieron fuego contra la multitud.
El saldo oficial es escalofriante: once vidas segadas y doce personas heridas por impactos de bala. Diez murieron en el acto, en el mismo campo deportivo. Una víctima más falleció luego, luchando por su vida en un hospital.
“Asimismo, doce personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y se encuentran recibiendo atención médica”, reportó el gobierno municipal en un comunicado.
Las autoridades se apresuraron a desplegar un operativo conjunto. Participan la Guardia Nacional, la SEDENA y las fuerzas estatales. Pero, ¿dónde estaban estos operativos antes de que los disparos resonaran?
La Fiscalía General del Estado ya realiza el levantamiento de indicios. Prometen investigar hasta esclarecer los hechos. El alcalde César Prieto Gallardo condena la violencia y expresa solidaridad con las familias.
Sin embargo, las palabras oficiales chocan contra una realidad persistente. Este no es un incidente aislado, sino otro capítulo sangriento en una serie de eventos violentos que el propio municipio admite han sacudido la región “en los últimos días”.
Mientras las condolencias se publican y los operativos reactivos se activan, una pregunta queda flotando en el aire cargado de pólvora: ¿Quién jugaba ese partido? ¿Por qué ese campo? ¿Y qué garantías hay de que esto no se repetirá mañana en otra cancha, en otro barrio?
La verdadera investigación apenas comienza. Y va mucho más allá del levantamiento forense. Debe rastrear los hilos que conectan este horror con una red más amplia de impunidad e inseguridad que convierte espacios de comunidad en campos de batalla.
