En una acción coordinada, la Secretaría de Marina-Armada de México desmanteló tres laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetaminas en los estados de Michoacán, Durango y Sinaloa. El operativo resultó en el aseguramiento de aproximadamente 700 kilogramos de la droga sintética ya terminada, junto con 12,000 litros y dos toneladas adicionales de precursores químicos, materiales esenciales para la fabricación a gran escala. El anuncio fue realizado este lunes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien enfatizó el impacto estratégico de este golpe.
Según detalló el funcionario, estas intervenciones debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y constituyen una barrera crítica para evitar que sustancias de alto impacto lleguen a las calles, con especial repercusión en la protección de jóvenes y adolescentes. La metanfetamina, una droga estimulante altamente adictiva, representa una de las mayores preocupaciones de salud pública y seguridad en la región, y su producción a nivel industrial en estos centros clandestinos alimenta tanto el mercado nacional como las redes de tráfico internacional.
Este significativo decomiso se enmarca dentro de un esfuerzo sostenido. García Harfuch proporcionó cifras acumuladas que ilustran la escala de las operaciones recientes: desde octubre de 2024 hasta diciembre de 2025, las autoridades mexicanas han logrado la detención de más de 40,700 personas, el aseguramiento de más de 318 toneladas de drogas —incluyendo más de cuatro millones de pastillas de fentanilo—, la incautación de 21,357 armas de fuego y el desmantelamiento de 1,887 laboratorios ilegales. Estos datos buscan cuantificar la presión constante sobre las estructuras logísticas y financieras del crimen organizado.
El anuncio del operativo ocurre en un contexto diplomático particularmente sensible, marcado por declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tres días antes, durante una entrevista televisiva, Trump reiteró amenazas de enviar una incursión militar terrestre a México para combatir a los cárteles, afirmando que estos grupos controlan el país y son responsables de cientos de miles de muertes anuales por sobredosis en territorio estadounidense. Estas declaraciones han tensionado la narrativa bilateral en materia de seguridad.
Frente a esta escalada retórica, el gobierno mexicano ha optado por una respuesta mesurada, priorizando la cooperación institucional sobre la confrontación. Horas después de anunciar el golpe a los laboratorios, el secretario García Harfuch participó en la llamada sostenida entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. En dicha conversación, según reportó la mandataria mexicana, se abordaron temas de seguridad, comercio e inversiones, con un énfasis explícito en la necesidad de colaboración dentro de un marco de respeto mutuo a la soberanía de ambas naciones.
La postura de Sheinbaum ha sido consistente en calmar los ánimos y redirigir el foco hacia los resultados tangibles de la cooperación existente. Tras las últimas amenazas, la presidenta describió el estilo comunicativo de Trump como una característica propia de su manera de interactuar, evitando así una espiral de provocaciones. En su lugar, subrayó la importancia de “estrechar más la relación y la información”, presentando los operativos como pruebas concretas del trabajo efectivo que México realiza de forma autónoma. “Esta información que estamos dando de la cantidad de laboratorios incautados… que tengan toda la información”, afirmó en un mensaje claro dirigido a la contraparte estadounidense.
Analíticamente, este episodio refleja la compleja dinámica que define la lucha contra el narcotráfico en Norteamérica. Por un lado, se evidencian las capacidades operativas y de inteligencia de las fuerzas armadas mexicanas para identificar y neutralizar infraestructura criminal sofisticada en múltiples regiones simultáneamente. Por otro, se pone de relieve la fragilidad de los marcos de cooperación, frecuentemente sometidos a la presión de la política interna y el discurso público de ambos países. El éxito táctico en Michoacán, Durango y Sinaloa se convierte, así, en un argumento estratégico de la diplomacia mexicana: una demostración de que la vía para reducir el flujo de drogas y desarticular a los cárteles pasa por la coordinación reforzada y el intercambio de inteligencia, no por acciones unilaterales que violarían la soberanía nacional y podrían desestabilizar aún más la región.
