El empresario Ricardo Salinas Pliego ha presentado una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano. El dueño de Grupo Salinas y TV Azteca sostiene que es víctima de una persecución política, fiscal y administrativa coordinada, iniciada en 2023, con el objetivo de restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público.
En su denuncia, dirigida al relator especial para la libertad de expresión del organismo, Pedro Vaca, Salinas Pliego solicita que la CIDH declare la responsabilidad internacional de México y ordene garantías de no repetición. El objetivo, según su postura, es restaurar la independencia judicial y proteger los derechos de propiedad y expresión en el país. El conglomerado que dirige afirma que esta acción estatal busca silenciar la disidencia y castigar sus críticas al gobierno.
El empresario ha situado en el centro de su queja los ataques provenientes, según él, de medios de comunicación estatales y de las vocerías oficiales, incluidas las conferencias de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Salinas Pliego argumenta que estas intervenciones han tenido como propósito dañar su reputación pública de manera sistemática.
El trasfondo de este conflicto se remonta a una disputa fiscal de más de una década con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El organismo determinó créditos fiscales multimillonarios en contra de empresas del grupo por operaciones contables fraudulentas realizadas años atrás. En su comunicado dirigido a la CIDH, Salinas Pliego asegura que, a pesar de su disposición para resolver las obligaciones conforme a la ley, el Estado ha respondido con negativas y un trato discriminatorio, evidenciando, a su juicio, un fin coercitivo y no recaudatorio.
Sin embargo, esta versión omite el extenso historial legal del caso. Durante más de diez años, las empresas de Grupo Salinas interpusieron decenas de amparos y recursos para evitar el pago de las deudas. El propio magnate declaró en múltiples ocasiones que no pagaría al fisco, lo que derivó en una batalla judicial que llegó en varias instancias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pasado 13 de noviembre, los ministros de la Corte cerraron definitivamente el caso, ordenando al conglomerado saldar la deuda establecida.
Este fallo judicial adverso marcó un punto de inflexión. A raíz del diferendo fiscal, la relación entre Salinas Pliego y el gobierno de López Obrador, inicialmente cordial, se fracturó por completo. El empresario se transformó en uno de los críticos más agresivos del proyecto de la Cuarta Transformación, utilizando tanto sus cuentas en redes sociales como los espacios informativos de TV Azteca para lanzar sus ataques. La denuncia ante la CIDH representa, por tanto, la internacionalización de un conflicto que tiene sus raíces en una contienda fiscal y que se ha amplificado en el terreno político y mediático.
El caso plantea cuestiones complejas sobre los límites entre la acción recaudatoria del Estado, la independencia judicial y el ejercicio de la libertad de expresión por parte de figuras con gran poder económico e influencia mediática. La respuesta de la CIDH, que probablemente solicitará información al Estado mexicano, podría establecer un precedente sobre cómo los organismos internacionales interpretan estas tensiones en un contexto donde el discurso empresarial y la crítica política están profundamente entrelazados. La evolución del proceso ante la Comisión será un barómetro de la presión internacional sobre las prácticas fiscales y el clima para la libertad de expresión en México.
