Un total de 120 funcionarios públicos estatales han sido sancionados desde enero de 2015 y hasta septiembre de 2016, con castigos que van desde la amonestación privada hasta la inhabilitación temporal y la suspensión del empleo, de acuerdo con la página de Transparencia de la Contraloría
Gubernamental.
La mayor parte de estos funcionarios, 62, fueron sancionados durante 2016, sin embargo esos años sólo fue suspendido de su cargo o función el Agente de Ministerio Público, los 61 restantes recibieron amonestaciones luego de un proceso administrativo y en muchos de los casos las sanciones no parecen tener relación con la gravedad de la falta.
En total son nueve los funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas que han sido inhabilitados temporalmente y siete han sido suspendidos del empleo, cargo o comisión desde enero de 2015 y hasta septiembre de 2017.
Entre los que fueron separados del cargo o empleo hay tres a los que el motivo de la separación son delitos del orden común, dos de ellos graves, y en los reportes de la Controlaría no se anota si fueron o no procesados.
Entre los inhabilitados por delitos graves destaca el caso de un maestro de secundaria en Reynosa que abusó sexualmente de unas de sus alumnas: “como maestro de secundaria, incurrió en “actos de índole sexual”.
“En perjuicio de una menor y alumna de la escuela Secundaria Técnica No. 44, en Reynosa (…) a quien violó aprovechándose de su condición de maestro”, dice el reporte de la Contraloría. EXPRESO omitió el nombre del infractor porque hacerlo podría victimizar a la menor.
Otro caso de delito es el del agente del ministerio público, Antonio Omar Fernández Muñoz, quien fue acusado por la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Tamaulipas por “deficiencia en la integración de una averiguación previa”, aunque no se anotan los perjuicios que causaron estas deficiencias.
EXPRESO tuvo acceso en Internet al expediente PAJE/004/2015, que señala que el fiscal incurrió en irregularidades al no investigar los hechos que le fueron denunciados el 13 de enero de 2011, en perjuicio del denunciante, sin embargo, la sanción que le impuso la Procuraduría General del Estado fue de solamente cinco días de salario, en 2016.
Otros dos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado incurrieron en 2016 también en faltas, un agente adscrito del Ministerio Público, Roberto Maldonado Siller, y un agente de la Policía Ministerial, Gabriel Moctezuma Guzmán, quien ocasionó “daño a Patrimonio del estado”, tuvieron por castigo, respectivamente, una suspensión temporal de 15 días y una “apercibimiento en privado”.
Una directora de escuela primaria; María Elena Cisneros Guerrero cuya adscripción exacta no se menciona en el informe de Transparencia, fue objeto de la suspensión del empleo, cargo o comisión por “poner a disposición de la Supervisión Escolar número 186, a una maestra, sin tener facultades para ello, no obstante, de que la quejosa, gozaba de una licencia con goce de sueldo”.
Notas de prensa de octubre de 2016 señalan que era directora en escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Otras maestras, Karla Rubí López Sánchez, maestra frente a grupo en la “Escuela Primaria Altahir Tejeda de Tamez”, de esta capital, y quien fue sancionada por
“retener documentación oficial a un menor y condicionar la educación de un menor argumentando mala conducta”, dice la Contraloría.
Otro funcionario cesado fue un chofer del Sistema Itace, Mario Guevara Carrizales, suspendidos de su cargo por “no informar de manera oportuna sobre un accidente automovilístico en donde se viera involucrado un microbús oficial y propiedad del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo”.
En el caso del Director General de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, fue suspendido de su cargo, cuando ya no se encontraba en él, por haber firmado un protocolo de entrega recepción de una obra, cuando no estaba terminada.
Aunque no se dice en el expediente y como en todos los casos la liga que conecta con los pormenores no funciona, la obra en cuestión fue un desarrollo turístico en Playa Miramar.
Un caso más es el del médico Pascual Martín Hernández Zúñiga, quien fue suspendido de su cargo porque ocultó un caso de Tortura en el Cedes de El Mante en 2016, lo que presuntamente es también una conducta ilícita.
“No asentó en la historia clínica del NN la presencia de lesiones físicas, o bien de hallazgos de estrés postraumático o emocionales que efectivamente se encontraron posteriormente en la víctima, a su egreso del Cedes Mante, derivado de una conducta de tortura”, dice el informe que no detalla si hubo proceso penal.
LAS CIFRAS
120 funcionarios públicos estatales sancionados
62, en 2016
9 inhabilitados temporalmente
7 han sido suspendidos del empleo, cargo o comisión desde enero de 2015 y hasta septiembre de 2017
3 por delitos del orden común, dos de ellos graves
Fuente: Expreso Press
