Especialistas en gestión del agua han emitido una advertencia contundente: el sur de Tamaulipas podría enfrentar una nueva crisis hídrica en un plazo de cinco años. La raíz del problema se encuentra en un incremento masivo de los volúmenes de agua concesionados por la Comisión Nacional del Agua en la cuenca del río Guayalejo-Tamesí. Entre 2020 y 2023, los permisos para extraer el recurso se dispararon un 117%, una tendencia que, de mantenerse, llevará a la sobreexplotación y sobreconcesión de la cuenca en un lustro.
Gerardo Sánchez Torres Esqueda, presidente de Ingenieros sin Fronteras México, A.C., explicó el núcleo del problema. El manejo actual de la cuenca no es sustentable, en parte debido a un error metodológico de la autoridad. La Conagua aplica la Norma Oficial Mexicana 011, que analiza la disponibilidad de agua de forma anual para otorgar concesiones. Este enfoque asume que el agua está disponible de manera constante durante los doce meses, una premisa falsa que ignora la marcada estacionalidad del ciclo hidrológico. La realidad es que existe una diferencia crítica entre la época de estiaje, de noviembre a mayo, y los meses de lluvias, de junio a octubre.
El análisis técnico presentado por Sánchez Torres detalla la disponibilidad mensual en los doce tramos que conforman la cuenca. Los números son elocuentes. En 2020, el volumen anual de agua concesionada era de 780 millones de metros cúbicos. Para 2023, esa cifra había escalado a 1,692 millones de metros cúbicos. Si esta tendencia continúa, se estima que para 2026 el volumen concesionado podría rondar los 2,500 millones de metros cúbicos, acercándose peligrosamente a los 3,200 millones en los años siguientes. El problema es que el escurrimiento natural o virgen de toda la cuenca es de apenas 3,500 millones de metros cúbicos anuales. La conclusión es matemáticamente ineludible: de seguir por este camino, no habrá agua suficiente para todos los usos concedidos.
La solución, según el experto, no puede posponerse más y requiere un enfoque multifacético. En primer lugar, es imperativo cambiar el paradigma de medición de la disponibilidad, pasando de un análisis anual a uno mensual que refleje la verdadera dinámica de la cuenca. En segundo término, se necesita determinar, mediante estudios técnicos rigurosos, qué infraestructura hidráulica es necesaria. Existen tramos donde es factible desarrollar almacenamientos, ya sean superficiales o subterráneos, mediante obras que permitan captar los caudales de los meses de avenidas. Esta agua almacenada sería crucial para paliar la escasez durante el estiaje y evitar que el recurso se desperdicie al descargar directamente en el estuario del río Pánuco y de ahí al Golfo de México.
Además de la infraestructura, es urgente implementar programas integrales de tecnificación del riego agrícola en toda la cuenca y poner fin a la extracción ilegal de agua, un flagelo que agrava la presión sobre el recurso. El contexto climático actual exige una acción inmediata. Antes del año 2000, el periodo de retorno de las sequías severas era de aproximadamente once años. Hoy, ese ciclo se ha reducido a entre cinco y siete años, y el cambio climático introduce eventos extremos más intensos y frecuentes. Teóricamente, una sequía importante podría volver en 2029, pero si no se construye infraestructura de almacenamiento y se siguen otorgando concesiones sin control, la crisis podría adelantarse a 2027 o 2028, e incluso instaurar una condición permanente de escasez.
La gravedad de la situación se acentúa porque la infraestructura existente es insuficiente y se encuentra en mal estado. Los diques del sistema lagunario del Río Tamesí ya no retienen el agua eficazmente, mientras que la demanda no deja de aumentar. De mantenerse la inacción, para 2030 la cuenca en su totalidad carecerá definitivamente de agua suficiente para abastecer a sus usuarios. Los retos son enormes, pero abordables. Se requiere especificar con precisión, tramo por tramo, con cuánta agua se cuenta, rehabilitar el sistema de diques, evaluar proyectos como el de Moralillo con seriedad y, sobre todo, que el gobierno federal demuestre voluntad política para destinar los fondos y realizar los estudios hidrológicos, hidráulicos, topográficos, geológicos y geofísicos que se necesitan. Solo cumpliendo con estas condiciones se podrá transitar hacia una cuenca sustentable y asegurar el suministro de agua para las próximas décadas.
