El juez federal principal de Minnesota, Patrick Schiltz, ha tomado una medida judicial de gran peso al ordenar la comparecencia personal de Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). La orden, emitida este viernes, responde a lo que el magistrado califica como un patrón continuado y extraordinario de desobediencia por parte de la agencia federal. El tribunal exige una explicación directa sobre el incumplimiento sistemático de numerosas órdenes judiciales que obligaban al ICE a permitir que inmigrantes detenidos en el estado, particularmente en Minneapolis, pudieran acudir a sus vistas para solicitar la libertad bajo fianza.
En su escrito, el juez Schiltz, nombrado para su cargo por el expresidente George W. Bush, dejó clara la gravedad de la situación. “La paciencia de este tribunal se ha acabado”, afirmó. Reconoció que requerir la presencia personal del máximo responsable de una agencia federal es un paso excepcional, pero argumentó que la magnitud de las violaciones también lo es. El magistrado destacó que se han intentado medidas correctivas menos drásticas sin éxito alguno, lo que ha llevado a esta confrontación directa con la cúpula del organismo. La advertencia es contundente: si Lyons no comparece, el juez podría iniciar un proceso por desacato al tribunal.
Este enfrentamiento entre el poder judicial y el ejecutivo se enmarca en el contexto del masivo despliegue de agentes del ICE ordenado por la Administración de Donald Trump en Minnesota a principios de diciembre. La operación, presentada como parte de la promesa de llevar a cabo la mayor deportación de la historia, ha transformado la dinámica social y legal en la región. Los juzgados federales del estado se han visto desbordados por una avalancha de peticiones de habeas corpus y solicitudes de fianza presentadas por personas detenidas por la policía migratoria. Paralelamente, los fiscales federales han procesado a numerosos manifestantes arrestados durante las protestas contra la presencia del ICE, creando un escenario de tensión jurídica y social sin precedentes recientes.
La ciudad de Minneapolis, epicentro de esta crisis, lleva casi dos meses de resistencia comunitaria a lo que muchos residentes y activistas describen como una ocupación federal. La situación ha escalado hasta extremos trágicos con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses. La primera víctima fue Renée Good, poeta y madre de tres hijos, que recibió tres disparos de un agente del ICE mientras se encontraba dentro de su vehículo en una calle residencial. La segunda fue Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, que fue reducido y recibió una decena de disparos por la espalda por un grupo de agentes mientras grababa con su teléfono móvil una detención e intentaba interponerse entre los uniformados y una mujer.
La orden del juez Schiltz no solo busca hacer cumplir mandatos judiciales específicos, sino que establece un precedente crucial sobre los límites del poder ejecutivo y la obligación de todas las agencias gubernamentales, por poderosas que sean, de someterse al imperio de la ley. Subraya la función de los tribunales como contrapeso esencial cuando otras ramas del gobierno sobrepasan su autoridad o ignoran salvaguardas legales fundamentales. Este caso trasciende el mero procedimiento administrativo; se ha convertido en un examen sobre la rendición de cuentas, el respeto a los derechos procesales básicos y la capacidad del sistema judicial para proteger a los individuos frente a un aparato estatal desbocado. El resultado de este enfrentamiento definirá no solo el curso de las operaciones del ICE en Minnesota, sino también el equilibrio de poder en un momento de profunda polarización nacional.
