Abelina López enfrenta denuncia por 898 millones en fondos no comprobados

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia penal interpuesta por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero, bajo la acusación de no comprobar el destino de 898 millones de pesos de recursos federales ejercidos durante su administración en 2023. ¿Qué hay detrás de esta controversia? ¿Se trata de un caso de opacidad financiera o de una maniobra política?

En una entrevista concedida durante el lanzamiento del programa de limpieza de playas junto a la gobernadora Evelyn Salgado, López reveló que, aunque no ha recibido notificación formal de la Fiscalía estatal, ya interpuso un amparo ante la justicia federal. “En Guerrero todo se puede”, declaró con ironía cuando se le cuestionó sobre la premura de su acción legal. ¿Por qué anticiparse a un proceso que, según ella, ni siquiera ha comenzado oficialmente?

La edil rechazó rotundamente la posibilidad de solicitar licencia, asegurando que no existe afectación alguna para el municipio. “Lo demás es el Guerrero negro”, afirmó, en alusión a los intereses oscuros que, según ella, buscan perjudicarla. Sus declaraciones, emitidas entre empujones de su equipo de seguridad a periodistas, dejaron más preguntas que respuestas: ¿Qué oculta ese tono defensivo? ¿Por qué la urgencia de blindarse legalmente?

López argumentó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y no la ASE, es la instancia facultada para auditar los recursos federales. La denuncia gira en torno al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), un programa clave para el desarrollo comunitario. “Es un tema político”, insistió la alcaldesa, quien convocó a una marcha ciudadana en su apoyo, aunque sin fecha definida. ¿Quién gana con esta batalla legal? ¿Y qué revelarán los documentos que la ASE afirma tener?

A pesar de contar con fuero constitucional —que requiere un desafuero aprobado por el Congreso para cualquier acción penal—, López optó por el amparo federal. Esta decisión, inusual en casos similares, sugiere que la batalla legal podría escalar a instancias nacionales. ¿Qué estrategia sigue su defensa? Mientras tanto, la sombra de la desconfianza se cierne sobre Acapulco, un municipio que exige transparencia en el manejo de fondos públicos.

Este caso no solo pone en duda el uso de casi mil millones de pesos, sino que expone las grietas del sistema de fiscalización en México. ¿Será este el inicio de una investigación más profunda o quedará en otro episodio de impunidad? La ciudadanía espera respuestas.