La justicia mexiquense mantiene tras las rejas a Eric Antonio “N”, acusado de un doble crimen que conmocionó a una colonia. Su futuro se decidirá este viernes, cuando un juez determine si hay pruebas suficientes para vincularlo formalmente al feminicidio de su expareja, Cindy, y de la madre de ella, Teresita de Jesús.
Pero este caso tiene capas más profundas que un simple arresto. Las autoridades revelaron que el sospechoso también está investigado por abuso sexual desde 2018, una denuncia que la víctima había interpuesto años antes del trágico desenlace. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿se pudo haber prevenido esta tragedia?
“En caso de que la autoridad judicial lo encuentre culpable […] podría ser sentenciado a 70 años de cárcel por cada una de las víctimas”, señaló la Fiscalía.
La narrativa oficial dice que fue capturado en Acapulco, donde habría huido. Sin embargo, los detalles del operativo permanecen en la opacidad. El departamento de la colonia San Francisco Cascantitla, escenario del presunto crimen el pasado 12 de enero, sigue bajo resguardo policial. Llama la atención que, según el reporte, el lugar carece de los sellos oficiales de aseguramiento por parte de la Fiscalía.
Mientras su defensa pidió más tiempo para ‘reunir pruebas’, la audiencia inicial ya ordenó prisión preventiva justificada. Este viernes 23 de enero será crucial. No solo se escucharán los argumentos del Ministerio Público y la defensa, sino que el juez deberá decidir si mantiene al acusado en prisión durante la investigación complementaria.
Lo que emerge es un patrón escalofriante: denuncias previas no atendidas con suficiente rigor, una fuga inter estatal y ahora un doble homicidio con agravante de género. La justicia tiene ante sí no solo un caso, sino una prueba sobre su capacidad para proteger a las mujeres y procesar a los agresores antes de que sea demasiado tarde.
