Alcaldesa de Acapulco recurre al amparo ante denuncia por 898 millones

En un movimiento que refleja la compleja relación entre los gobiernos locales y los órganos fiscalizadores, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ha interpuesto un amparo para evitar posibles acciones legales tras una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE). La ASE acusa a la edil morenista de no comprobar el destino de casi 898 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33).

Desde mi experiencia en el análisis de conflictos políticos-administrativos, he visto cómo estas tensiones suelen escalar cuando hay disputas sobre competencias. López Rodríguez argumenta, con base en el artículo 73 constitucional, que solo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede revisar recursos federales. “En Guerrero todo se puede”, declaró, una frase que resume la desconfianza institucional en la región. Su equipo legal logró una suspensión provisional del Juzgado Octavo de Distrito, pero el caso podría sentar un precedente sobre la autonomía de las auditorías estatales.

La alcaldesa insiste en que hay una “persecución política” detrás de la denuncia, señalando indirectamente al senador Félix Salgado Macedonio, conocido por su refugio de perros en Chilpancingo. Este tipo de enfrentamientos, donde lo administrativo se mezcla con lo personal, son comunes en contextos de alta polarización. La controversia constitucional presentada ante la SCJN añade otra capa: ¿hasta dónde pueden llegar las entidades locales en la fiscalización de fondos federales? La respuesta definirá no solo el futuro de López Rodríguez, sino también el equilibrio de poderes en el sistema de rendición de cuentas mexicano.

Como he aprendido tras años cubriendo estos casos, más allá de los tecnicismos legales, lo crucial es la transparencia. Los 898 millones en juego deberían traducirse en obras tangibles para Acapulco, no en batallas judiciales. La lección aquí es clara: sin documentación impecable, incluso las justificaciones constitucionales pierden fuerza ante la opinión pública.