La sombra del poder se alarga sobre las redacciones. La organización Artículo 19 acaba de lanzar una alerta contundente: en el municipio de Juárez, Nuevo León, dos periodistas del periódico La Última Palabra están siendo blanco de un hostigamiento sistemático.
Los nombres son Teresa de Jesús Rodríguez Palomo y Miguel Óscar Pérez Hernández. La denuncia no es vaga. Apunta directamente al abuso de poder y al uso de corporaciones de seguridad como herramienta para amedrentar. ¿El objetivo? Intimidar el ejercicio periodístico, silenciar voces.
Pero aquí no termina la investigación. Lo más revelador está en lo que sucede después de la denuncia. O, más bien, en lo que no sucede.
Artículo 19 exhortó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León a dar seguimiento puntual a las denuncias presentadas por los comunicadores desde hace más de un mes y solicitó sanciones contra los responsables.
Un mes. Treinta días donde la maquinaria judicial parece paralizada mientras los periodistas siguen expuestos. Este detalle es crucial: convierte una agresión puntual en un patrón de impunidad.
La organización no se quedó en la condena. Dio un paso más, uno que revela la gravedad real de la situación: pidió al Mecanismo Federal de Protección medidas urgentes para los comunicadores. Cuando se activa este protocolo, es porque el riesgo es tangible, inminente.
La narrativa oficial suele hablar de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando quienes deben proteger son señalados como fuente de intimidación? La línea entre el orden y el abuso se desdibuja peligrosamente en Juárez.
Este caso no es aislado. Es la punta del iceberg de una estrategia más siniestra: usar las instituciones contra la prensa. El mensaje es claro para cualquier otro medio que quiera investigar en la zona: aquí mandamos nosotros.
La verdadera investigación comienza ahora. ¿Quiénes son los responsables específicos dentro de las corporaciones? ¿Qué información estaba persiguiendo La Última Palabra que resultó tan incómoda? Las preguntas quedan flotando, esperando respuestas que la fiscalía tiene el deber—y ahora, la presión pública—de encontrar.
