La justicia avanza en uno de los casos que conmocionó al Estado de México a inicios de año. Eric Antonio “N”, señalado como el presunto responsable material del doble feminicidio de Teresita de Jesús, de 53 años, y su hija Cindy, de 25, fue finalmente capturado en Acapulco, Guerrero, tras permanecer prófugo desde el 13 de enero. La detención, resultado de una coordinación interinstitucional, marca un punto crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
Los hechos ocurrieron en un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla, en Cuautitlán. Allí, Teresita de Jesús, quien debido a una enfermedad permanecía en silla de ruedas, y su hija Cindy fueron halladas sin vida. La escena reveló una dimensión adicional de la tragedia: en el interior se encontró a un niño, hijo de Cindy, llorando. Además, se reportó la sustracción de una niña de tres años, identificada como Erika, junto con pertenencias de las víctimas. La menor fue localizada posteriormente y puesta bajo custodia de las autoridades, un desenlace que la presidenta municipal, Juanita Carrillo, confirmó públicamente con un mensaje de alivio y una firme exigencia de justicia.
La investigación, que combinó labores de gabinete y de campo, permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y las fiscalías de Guerrero y el Estado de México rastrear al presunto agresor hasta un domicilio en Acapulco. Sin embargo, la operación no solo condujo a la aprehensión de Eric Antonio “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por los feminicidios, sino que también develó una red de complicidad. Junto a él fue detenido Alejandro “N”, acusado de haber auxiliado al principal implicado para ocultarse después de los crímenes.
La situación legal de este segundo detenido añade una capa de gravedad al caso. Alejandro “N” no solo está vinculado a este encubrimiento, sino que también tenía una orden de aprehensión vigente, emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, ocurrido en octubre de 2022 en el mismo municipio de Cuautitlán. Esta circunstancia subraya la importancia de los operativos coordinados para localizar a individuos con procesos judiciales pendientes por delitos de alta prioridad social.
El caso trasciende la mera cronología de una captura. Pone sobre la mesa el análisis de los mecanismos de protección para las víctimas de violencia de género y la eficacia de los protocolos de búsqueda y coordinación entre distintas jurisdicciones. La rapidez con la que se logró recuperar a la niña sustraída y la posterior localización del presunto feminicida en otro estado demuestran la capacidad operativa cuando las instituciones actúan de manera concertada. No obstante, también plantea preguntas incómodas sobre los antecedentes de los involucrados y las posibles señales de alerta que pudieron existir con anterioridad.
Desde una perspectiva procesal, la captura es el inicio de una nueva fase. Ahora, las autoridades ministeriales enfrentan el reto de integrar la investigación con el rigor necesario para garantizar que el proceso judicial se sustente en evidencias sólidas. La sociedad observa con expectativa, consciente de que este caso es un referente en la lucha contra la violencia feminicida, un fenómeno que exige respuestas contundentes del sistema de justicia. La memoria de Teresita y Cindy, y el futuro de los menores afectados, dependen de que este camino hacia la justicia se recorra con transparencia, celeridad y sin impunidad.
