El principal sospechoso del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada es su propio chofer, según informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta revelación sitúa el foco de la investigación en una figura de confianza para la víctima, añadiendo una capa de complejidad al ya grave suceso.
“Todo indica que es su propio chofer, estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía de Guerrero para la detención de esta persona”, declaró el funcionario federal durante una de sus intervenciones públicas.
El crimen ocurrió mientras el padre Bertoldo se desplazaba en su vehículo para oficiar una misa, un contexto que subraya la vulnerabilidad de la víctima y la audacia del ataque. El hecho de que el homicidio se perpetrara dentro de su camioneta sugiere una acción directa y probablemente premeditada, descartando de entrada un incidente fortuito o un robo con resultado fatal.
En este punto, la investigación se enfrenta a una incógnita crucial: el móvil. Las autoridades han admitido que, por el momento, se desconoce la razón que impulsó este violento acto contra un miembro del clero. García Harfuch fue enfático al aclarar que no existía información previa que indicara que el sacerdote hubiera recibido amenazas. Además, realizó una declaración significativa al descartar, con la información disponible hasta ahora, que la víctima estuviera relacionada con actividades ilícitas. Esta precisión es relevante en un estado como Guerrero, donde la violencia suele estar asociada al crimen organizado.
“Vamos a profundizar con autoridades locales, fue un delito muy lamentable en la zona y apoyaremos en todo a la Fiscalía y hasta el momento no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto”, apuntó el secretario.
Estas afirmaciones buscan acotar las especulaciones y centrar el trabajo de las agencias de investigación en los hechos concretos y las evidencias recuperadas. La colaboración entre las autoridades federales y la Fiscalía General de Guerrero se ha activado para localizar y capturar al presunto responsable, quien, de confirmarse la hipótesis, habría actuado desde una posición de proximidad y confianza.
Este factor convierte el caso en un ejemplo de traición y violencia intramuros que impacta profundamente a las comunidades locales. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Gobernación mantuvo contacto con representantes de la Iglesia Católica desde el momento mismo en que se reportó la desaparición del sacerdote. Este canal de comunicación directo refleja la sensibilidad del caso y la importancia de coordinar la respuesta institucional ante un crimen que afecta a una figura central en la estructura social y espiritual de muchas comunidades.
La desaparición del padre Bertoldo se denunció el sábado 4 de octubre en la localidad de Azcala, Guerrero. Tras dos días de incertidumbre y labores de búsqueda, su cuerpo sin vida fue localizado la tarde del lunes 6 de octubre en la comunidad de Mezcala, perteneciente al municipio de Eduardo Neri. El sacerdote era el responsable de la iglesia de San Cristóbal, un punto de referencia para los feligreses de la zona.
El asesinato de un líder religioso en el ejercicio de sus funciones, y bajo estas circunstancias, no es solo un acto criminal individual; es un evento que resuena en el tejido comunitario, generando temor, desconfianza y una profunda consternación. La resolución de este caso se ha convertido en una prioridad para las autoridades, no solo por la necesidad imperiosa de impartir justicia, sino también como una señal de la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y esclarecer crímenes que conmocionan a la sociedad.
La expectativa ahora recae en la pronta captura del chofer señalado como sospechoso, lo que permitiría reconstruir los eventos que condujeron a esta tragedia y establecer las motivaciones detrás de un acto de tal naturaleza.
