Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, Nuevo León, ejecutaron la clausura de una fiesta clandestina que congregaba a más de trescientos menores de edad, un operativo que derivó en el aseguramiento de un arma de fuego, equipo táctico, una suma considerable de efectivo y numerosas botellas de alcohol.
La intervención comenzó durante la noche del 28 de noviembre, tras recibirse una primera denuncia ciudadana por exceso de ruido en la zona del Fraccionamiento San Patricio. Una patrulla inicial no logró localizar el origen de la molestia. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando un padre de familia se presentó ante las autoridades para reportar que su hija se encontraba retenida e incomunicada en el interior de una propiedad específica, imposibilitada para salir.
Con esta información crucial, los elementos policiales regresaron al fraccionamiento y localizaron el inmueble en cuestión. Al acceder al lugar, se encontraron con un escenario de alto riesgo. El secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis Kuri, describió la escena: se trataba de una propiedad abandonada, adaptada para funcionar como salón de eventos ilegales, donde se concentraban entre 350 y 400 adolescentes y jóvenes. Lo más grave, según el testimonio oficial, era que los menores estaban siendo resguardados y no se les permitía abandonar el recinto, una circunstancia que transformaba el evento en un potencial caso de privación de la libertad.
La organización del evento, según la investigación preliminar, se gestionaba a través de grupos de mensajería privada como WhatsApp, un método común para evadir la vigilancia de las autoridades y convocar a un gran número de personas de forma discreta. En el lugar, los oficiales procedieron a la detención de once personas, presuntamente vinculadas a la logística y vigilancia de la fiesta. Entre los hallazgos más significativos se encuentra un arma de fuego calibre 9 milímetros, equipos de radiocomunicación, cascos balísticos, básculas de precisión —instrumento asociado al acopio y distribución de sustancias ilícitas— y una suma en efectivo que superaba los cien mil pesos.
Además, se aseguraron decenas de botellas de diversas bebidas alcohólicas, destinadas al consumo de los asistentes, todos ellos menores de edad para quienes la venta y suministro de alcohol está prohibida por ley. La presencia combinada de un arma, dinero en efectivo, equipo táctico y alcohol en un espacio con cientos de jóvenes sin supervisión adulta configura un escenario de múltiples vulnerabilidades, que pudo haber derivado en tragedia.
Tras el desalojo controlado, todos los menores fueron identificados y entregados a sus padres o tutores, quienes acudieron al lugar. Por otro lado, los once detenidos fueron trasladados al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C2) municipal para los trámites administrativos correspondientes y, posteriormente, puestos a disposición del Ministerio Público. Dada la naturaleza del hallazgo, en particular el arma de fuego, se realizó la notificación formal a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, instancia que asumirá la investigación de fondo para determinar posibles responsabilidades penales más allá de las infracciones administrativas.
Este incidente no es un hecho aislado, sino que refleja un patrón recurrente de fiestas clandestinas o “after” organizadas en propiedades olvidadas o naves industriales, que operan al margen de cualquier regulación de seguridad, salubridad o control de acceso. La ausencia de medidas básicas como salidas de emergencia señalizadas, control de aforo o personal de primeros auxilios, unida a la frecuente presencia de alcohol, drogas y, como se vio en este caso, armas, crea un caldo de cultivo para desenlaces fatales, desde intoxicaciones agudas hasta actos de violencia o incendios. La intervención policial, aunque exitosa en esta ocasión, subraya la necesidad de una estrategia más proactiva que combine inteligencia ciudadana, vigilancia de redes sociales y una estricta aplicación de la ley sobre los propietarios de los inmuebles que permiten estos usos, con el objetivo último de proteger la integridad de los adolescentes.
