En un hecho que marca un precedente jurídico en el estado de Coahuila, una mujer fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria. Se trata del primer caso de este tipo que se judicializa en la entidad, tras una audiencia inicial de más de seis horas donde el juez de control consideró que existían elementos suficientes para someter a Esthela “N” a un proceso penal.
La figura de la violencia vicaria, reconocida en la legislación mexicana, se refiere a aquella que se ejerce sobre una persona para dañar a otra, siendo comúnmente identificada en contextos de ruptura familiar donde los hijos e hijas son utilizados como instrumento de agresión contra el otro progenitor. En este caso, la Fiscalía General del Estado presentó pruebas que, según su teoría, demuestran que la imputada ejerció violencia física y psicológica contra sus hijos, así como violencia vicaria contra ellos y contra su pareja, Johnny Robles, quien formalizó la denuncia.
Robles, al concluir la audiencia, manifestó que su lucha trasciende lo personal. “Es luchar por nuestra infancia, por nuestros niños, para que ellos puedan crecer sanos física y emocionalmente”, declaró. El juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria del caso, un periodo crucial donde el Ministerio Público deberá consolidar las pruebas para el eventual juicio.
Sin embargo, la defensa de Esthela anunció su intención de impugnar la decisión de vinculación. Su abogada argumentó que existen elementos en la investigación que presentan una teoría de los hechos diferente y que contradicen la versión de la acusación. “Nosotros consideramos que había elementos que contradecían y establecían una diferente teoría de esta investigación”, afirmó.
Una capa adicional de complejidad la introduce la situación de la guarda y custodia de los menores. Actualmente, y por una determinación previa de un juez de lo familiar, Esthela mantiene legalmente la custodia de sus hijos, a pesar del proceso penal en su contra. La defensa de la mujer sostiene que un juez penal no tiene la facultad para modificar esa condición, mientras que la representación legal de Johnny Robles señaló que explorará todas las vías legales para restablecer la convivencia paterno-filial durante el transcurso de la investigación.
El caso ha generado un notable debate social y la polarización fue evidente a las puertas del Centro de Justicia Penal. Por un lado, integrantes del colectivo “Padres por la Verdad” se manifestaron en apoyo a Johnny Robles, exigiendo justicia. Por otro, activistas y figuras públicas, como la doctora Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, y el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, acudieron para mostrar su respaldo a Esthela.
Salazar, con una trayectoria de 23 años en atención a víctimas de violencia, criticó la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta a la mujer, calificándola de desmedida. En sus declaraciones, denunció que su defendida ha sido objeto de un linchamiento mediático en redes sociales que, a su juicio, incita a la violencia contra las mujeres. Además, cuestionó la celeridad y severidad de la medida, sugiriendo un posible desequilibrio en la aplicación de la justicia. “Los jueces tienen que juzgar desde un punto de equilibrio”, afirmó, insinuando que la presión pública pudo influir en la decisión judicial.
Este proceso no solo pone a prueba los mecanismos legales para sancionar una modalidad de violencia especialmente lesiva para el desarrollo de los menores, sino que también expone las tensiones y sensibilidades en torno a la justicia de género, la presunción de inocencia y la protección integral de la infancia. El desarrollo de la investigación complementaria y las posibles impugnaciones definirán el curso de un caso que ya es histórico para el sistema penal coahuilense.
