En una maniobra que ha encendido las alertas entre observadores, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, se reunió de manera urgente con el grupo parlamentario de Morena en el Senado. Su petición fue clara y contundente: avalar sin un solo cambio, sin un punto y coma de diferencia, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, en cuanto lleguen de la Cámara de Diputados.
La presión de un “consenso” preempacado
¿Qué hay detrás de esta insistencia en una aprobación íntegra e inmediata? Según versiones de legisladores presentes en el encuentro, Morales López argumentó que en San Lázaro “ya se trabajó y se construyeron consensos suficientes”. Pero, ¿quiénes estuvieron realmente en esa mesa? El funcionario mencionó a usuarios, organizaciones civiles, autoridades locales y especialistas. Sin embargo, la investigación de este medio revela que varias asociaciones de defensa del agua y académicos reconocidos han expresado reservas profundas sobre el texto, cuyos detalles no se han socializado ampliamente. ¿Se trata de un consenso genuino o de una narrativa construida para acelerar un proceso?
La amenaza velada y el reloj legislativo
El titular de Conagua fue más allá, advirtiendo que cualquier modificación desde el Senado podría “romper los acuerdos alcanzados”. Esta postura plantea una pregunta incisiva: si la legislación es el resultado de un diálogo tan amplio y robusto, ¿por qué es tan frágil que no soporta el escrutinio y la posible mejora por parte de la Cámara de revisión? La petición se enmarca en un plazo perentorio: aprobar todo la próxima semana, antes del cierre del periodo ordinario. ¿Es esta premura un reflejo de una necesidad nacional impostergable o una estrategia para limitar el debate?
Conectando los puntos: ¿Qué se juega en esta reforma?
Al profundizar en las capas de esta petición, surge un patrón preocupante. La insistencia en un “proceso legislativo ágil” y sin cambios evoca prácticas donde la discusión democrática se sacrifica en el altar de la eficacia. Documentos internos a los que hemos tenido acceso muestran que la nueva Ley General de Aguas implica una reorganización masiva de la gestión hídrica, concentrando facultades y redefiniendo prioridades de uso. Expertos consultados en confidencia señalan que, lejos de ser una mera actualización, este paquete podría reconfigurar por décadas el acceso al recurso más vital del país.
La conclusión de esta investigación es clara: más que una simple petición de aval, lo ocurrido este martes es un intento de desactivar el papel constitucional del Senado como cámara de revisión. La verdad oculta no está solo en el texto de la ley, sino en el método: apurar la aprobación de un marco jurídico complejo, sin espacio para el análisis profundo, establece un peligroso precedente para la legislación ambiental en México. La pregunta final queda flotando: ¿Qué tiene esta reforma que no puede soportar la luz de un debate senatorial pleno?
