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Condenan a exfuncionarios por contrato ilegal en caso Estafa Maestra

Dos excolaboradores de Robles enfrentan consecuencias legales por un contrato fraudulento que costó millones al erario público.

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Ciudad de México — En un fallo que refuerza la lucha contra la corrupción, un tribunal federal condenó a dos exfuncionarios de la extinta Sedesol a seis meses de prisión por su participación en el escándalo de la Estafa Maestra. Marcos Salvador Ibarra Infante y Ricardo Mejía Zayas, exdirectores adjuntos de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, fueron hallados culpables de firmar un convenio ilegal con la Universidad de Zacatecas (UAZ), causando un perjuicio económico de 26.6 millones de pesos al erario.

El juez Gerardo Alarcón López determinó que ambos incurrieron en el delito de uso ilícito de atribuciones, aunque aplicó la pena mínima. Además de la prisión —sustituida por medidas alternativas debido a la baja penalidad—, los sentenciados deberán reparar el daño por el monto total defraudado, pagar una multa equivalente a 100 días de salario y enfrentar inhabilitación laboral en el sector público por seis meses.

El contrato, firmado en 2015, pretendía “fortalecer el padrón de beneficiarios de programas sociales”, pero derivó en un esquema de subcontratación irregular: la UAZ recibió 52.2 millones de pesos y derivó el 100% del servicio a una empresa privada por apenas 25.5 millones, lucrando con la diferencia. La Fiscalía demostró que la universidad carecía de capacidad técnica para ejecutar el proyecto, violando los límites legales de subcontratación.

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Con esta sentencia, suman ocho los condenados en el mega caso de desvíos durante la administración de Rosario Robles. Entre ellos destacan exservidores como Ezequiel Orduña Morga (5 meses de prisión) y María de la Luz Vargas (10 años por lavado de dinero). La mayoría evitó la cárcel mediante beneficios procesales, lo que ha generado críticas sobre la efectividad de las sanciones.

El fallo, ya impugnado por la defensa, será revisado por un Tribunal Colegiado. Mientras, el caso sigue simbolizando los desafíos del sistema judicial mexicano para combatir la impunidad en crímenes de cuello blanco.

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