Omar García Harfuch, el hombre al frente de la seguridad nacional, pintó un cuadro de alivio ciudadano. Dijo que la gente y los empresarios estaban “felices” tras la captura de César Arellano Sepúlveda, alias El Botox, en Michoacán.
“Recibimos cantidad de comunicados, denuncias anónimas donde la gente está feliz de la detención”, afirmó el secretario durante la conferencia matutina.
Según su relato oficial, se desarticulaba a un operador clave. Un sujeto acusado de extorsionar no solo a productores de limón y aguacate, sino a “una gran parte del pueblo”. La lista de cargos era larga: homicidios, extorsiones y robo de vehículos.
Pero aquí es donde la investigación periodística debe hacer preguntas incisivas. ¿Realmente toda una comunidad respira aliviada? Los hechos en el terreno cuentan otra historia.
Horas después del anuncio, carreteras en Michoacán ardieron. Bloqueos y vehículos incendiados aparecieron como una respuesta violenta y coordinada. Esto contradice frontalmente la narrativa oficial.
García Harfuch se apresuró a descartar cualquier base social para el grupo de El Botox. > “Más que una base social, son delincuentes del mismo grupo”, insistió, atribuyendo los disturbios únicamente a sus cómplices.
Sin embargo, esa explicación parece demasiado conveniente. La rapidez y escala de las protestas sugieren conexiones más profundas, una red de apoyo o miedo que trasciende a un puñado de pistoleros. Las autoridades elogiaron su “respuesta muy oportuna”, pero la pregunta persiste: ¿controlaron el síntoma o la enfermedad?
La detención de un capo siempre es un titular ganador. Pero detrás del comunicado triunfalista hay capas por descubrir. ¿Quién llenará el vacío de poder? ¿Las extorsiones cesarán o simplemente cambiarán de manos? La verdadera prueba para Michoacán está por venir, mucho después de que las cenizas de los camiones quemados se hayan enfriado.
