¿Qué sucede cuando un gobierno decide canjear armas por dinero en efectivo? La Secretaría de Gobernación, bajo el mando de Rosa Icela Rodríguez, ha revelado una cifra que invita tanto al análisis como al escepticismo: 9 mil 81 armas de fuego retiradas de circulación entre octubre de 2024 y diciembre de 2025. La estrategia, bautizada como Sí al Desarme, Sí a la Paz, se presenta como un pilar para atacar las raíces de la violencia. Pero, más allá de los números, una investigación periodística persiste en preguntar: ¿este volumen de armamento representa una merma significativa en el arsenal ilegal que circula en el país?
Al desglosar los datos oficiales, se descubre que del total intercambiado de forma anónima, 2 mil 642 son armas largas, 5 mil 297 son armas cortas y mil 142 son granadas, además de munición y cargadores. La operación, coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional y con el respaldo institucional de la Iglesia católica, plantea un escenario peculiar. ¿Quiénes son los ciudadanos que deciden entregar sus armas? ¿Se trata de propietarios legales o es una rendición simbólica de instrumentos obsoletos por parte de la delincuencia? La naturaleza anónima del programa, aunque comprensible, opaca la posibilidad de verificar el perfil y el verdadero motivo de quienes participan.
La intervención focalizada: ¿estrategia o dispersión de recursos?
La narrativa oficial da un giro hacia la acción comunitaria. Por instrucción presidencial, desde noviembre de 2024, la intervención se focalizó en 61 municipios prioritarios de 12 entidades. Rodríguez detalló un torrente de actividades: en Tijuana se brindaron 126 mil 729 atenciones con ferias y comités de paz; en Chiapas, 120 mil 909; en Ciudad Juárez, 136 mil. Las cifras, abrumadoras por su magnitud, llevan a cuestionar su metodología. ¿Cómo se define y se contabiliza una “atención”? ¿Una plática, un trámite, una consulta médica? La falta de un estándar claro convierte estos números en un posible espejismo de eficacia.
El patrón se repite en otras regiones. En el Estado de México, se reportan 317 mil 351 atenciones; en Guanajuato, la cifra se dispara a 463 mil, acompañadas de la recuperación de espacios públicos. Acciones similares se enumeran en Guerrero, Jalisco, Michoacán y otros estados. Sin embargo, un periodista investigativo debe conectar puntos: ¿existe una correlación verificable entre la cantidad de “ferias de paz” realizadas y una reducción en los índices delictivos o en la percepción de inseguridad en esas colonias? Los documentos y testimonios recabados en campo sugieren que, aunque la presencia institucional es notable, su impacto concreto y duradero sigue siendo una incógnita.
Infraestructura y juventud: los otros frentes de batalla
La capa siguiente de esta estrategia multifacética involucra a otras dependencias. Rodríguez subrayó la coordinación con la Sedatu para impulsar 14 proyectos de infraestructura comunitaria. Paralelamente, se han realizado 7 mil jornadas por la paz con más de 900 mil jóvenes, y programas como Ponte Pila afirman haber alcanzado a 1.4 millones. Estas iniciativas apuntan a la reconstrucción del tejido social y a ofrecer alternativas a la población joven, un sector críticamente vulnerable al reclutamiento por parte de grupos delictivos.
La conclusión oficial es un compromiso de seguir trabajando de manera coordinada. No obstante, la investigación revela una perspectiva más compleja. El verdadero descubrimiento no está en las cifras totalizadoras, sino en la brecha entre la actividad reportada y la transformación social tangible. Mientras el gobierno exhibe un modelo que combina desarme físico con intervención social, la pregunta incisiva permanece: ¿se está atacando la sintomatología o las causas estructurales de la violencia? La estrategia, sin duda ambiciosa, enfrenta el desafío de demostrar que la suma de canjes, atenciones y ferias se traduce, efectivamente, en comunidades más pacíficas y resilientes a largo plazo. La búsqueda de esa respuesta es el núcleo de un escrutinio periodístico que debe persistir.
