¿Y si el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico no fuera un accidente aislado, sino el síntoma de un modelo de desarrollo obsoleto? El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, ha lanzado una petición que va más allá de la mera comparecencia: es un llamado a desmantelar la cultura de la opacidad. Solicita que la Comisión Permanente cite al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y a otros tres titulares clave del sector, para que rindan cuentas no solo de lo ocurrido el 28 de diciembre, sino del ecosistema de decisiones que lo hizo posible.
Más allá del riel suelto: una falla sistémica
El punto de acuerdo, respaldado también por senadores, no busca un chivo expiatorio. Persigue una auditoría integral de los cimientos del sistema. La finalidad es que los funcionarios expliquen las condiciones reales de operación, los protocolos de mantenimiento que quizá solo existen en el papel, la atención a las víctimas y, lo más crucial, las medidas correctivas que eviten una nueva tragedia. El documento es contundente: la versión oficial de un tren en “condiciones normales” que sufre un accidente catastrófico no calma, sino que enciende todas las alarmas sobre la gobernanza de la infraestructura nacional.
El texto legislativo adopta un tono de denuncia profunda: “El descarrilamiento exhibe con crudeza que la combinación de corrupción, opacidad y decisiones políticas tomadas al margen de la técnica no es una falla administrativa menor, sino una amenaza directa a la seguridad de las y los mexicanos”. Esta frase no describe un error, sino un patrón.
Un paradigma en crisis: la exigencia de paralizar y replantear
La propuesta del grupo parlamentario priista es disruptiva: suspender las operaciones tanto del Tren Interoceánico como del Tren Maya. Esta petición, radical para algunos, se sustenta en un historial preocupante. Solo el Tren Maya ha registrado cuatro descarrilamientos entre 2024 y 2025. La petición va acompañada de una exigencia de transparencia total: la presentación de los estudios de factibilidad y viabilidad que debieron ser la brújula de estos megaproyectos.
La mención a las afectaciones ambientales señaladas por Fonatur abre otro flanco de cuestionamiento. Sugiere que los proyectos, más allá de los accidentes, podrían estar vulnerando el equilibrio ecológico y los compromisos internacionales de México. Esto transforma la discusión de un problema de logística a uno de modelo de desarrollo. La pregunta subyacente es: ¿estamos construyendo el transporte del futuro con los métodos y la opacidad del pasado? La comparecencia solicitada no es el fin, sino el posible inicio de una reinvención necesaria.
