Imaginen un teatro del absurdo donde el precio de un viaje en autobús se decide por arte de magia, o más bien, por un desconcertante juego de teléfono descompuesto entre el gobierno y los concesionarios. Así arrancó la farsa en Veracruz.
Todo comenzó cuando Xalapa recibió el ‘regalo’ oficial de un aumento en el pasaje. Un acto administrativo tan sigiloso que parecía una operación encubierta. El problema es que la noticia, como un virus alegre, se contagió rápidamente a la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.
Los transportistas, en un arrebato de creatividad interpretativa, decidieron que lo bueno para Xalapa era bueno para todos. Aplicaron aumentos por su cuenta, saltándose la tediosa formalidad de una autorización. La ciudadanía, como suele pasar, se enteró cuando le pidieron más monedas al subir.
La gobernadora Rocío Nahle García (Morena) reveló que el aumento había sido autorizado por el gobierno y aclaró que solo aplicaba a la ciudad de Xalapa.
Claro, porque en este país las disposiciones oficiales viajan por telepatía y nunca hay confusiones. La aclaración llegó como siempre: tarde y después del caos.
La respuesta estatal fue digna de una comedia: operativos para cazar autobuses que cobraran 12 pesos en lugar de 9. Una cacería moderna donde la presa es un camión lleno de gente cansada.
La réplica de los choferes fue maestra: simplemente pararon. Dejaron en la calle a miles. Rutas como Las Vegas, Herradura u Ortiz Rubio desaparecieron del mapa, convirtiendo las paradas en puntos de reunión para ciudadanos perplejos.
El resultado final es una lección perfecta sobre cómo no se debe comunicar una política pública. Usuarios varados, transportistas enfadados y autoridades corriendo detrás de un problema que ellas mismas ayudaron a crear. Un día normal en el glorioso sistema de transporte nacional.
