El Gran Hermano Fiscal y el Arte de Espiar al Ciudadano
En un acto de desbordante celo recaudatorio, la Cámara de Diputados ha bendecido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con los divinos poderes de la omnisciencia digital. La reciente modificación al Código Fiscal de la Federación no es una simple enmienda; es la fundación del Ministerio de la Verdad Contributiva, donde cada like, cada búsqueda y cada transacción en línea se convierte en una potencial confesión fiscal.
La consiguiente polémica es, según los augures del régimen, un mero ejercicio de amarillismo periodístico. Mientras el ciudadano común se estremece ante la perspectiva de que su vida privada sea el nuevo parque de diversiones para los burócratas, las voces oficiales nos sermonean sobre la virtud de la transparencia… siempre y cuando sea una transparencia unilateral, claro está.
La eminente columnista Irene Levy, en un arrebato de estoicismo burocrático, nos pide calma. Asegura que el pánico es infundado, que la intrusión es solo “un poquitín” mayor. Es el mismo consuelo que ofrecería un ladrón de galletas que, tras ser sorprendido con la mano en la jarra, argumenta que solo iba a tomar una y que nuestra alarma es exagerada.
El verdadero monumento al absurdo, sin embargo, es la CURP Biométrica. Una criatura legislativa tan ambigua que podría estudiarse en las academias de doblepensar. Es “voluntaria” en la teoría, pero “obligatoria” en la práctica, una paradoja tan exquisita que hasta Kafka enarcaría una ceja. Estas ambigüedades no son descuidos; son la arquitectura misma del control, diseñada para que el ciudadano firme su propia capitulación creyendo que ejerce su libre albedrío.
Y he aquí el chiste más hilarante de esta farsa: el mismo gobierno que no puede proteger sus propias plataformas de un ataque informático de adolescentes aburridos, ahora se erige en el guardián absoluto de nuestros datos más sensibles. Es como poner a un pirómano a cargo de la estación de bomberos.
El artículo 30-B del Código Fiscal consagra el derecho divino del fisco a espiar en tiempo real las entrañas digitales de la nación. Se nos vende esta vigilancia como un mecanismo para verificar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, un eufemismo maravilloso para lo que en cualquier otro contexto se llamaría espionaje masivo e indiscriminado.
La Sra. Levy, en un destello de lucidez, admite que este acceso perpetuo y sin orden judicial es “realmente intrusivo”. Es el eufemismo del año. Llamar “intrusivo” a este allanamiento digital es como llamar “lluvioso” a un huracán categoría cinco.
Nos recomiendan “estar muy pendientes” y ser “prudentes” con las reglas futuras de la Agencia de Transformación Digital. Es el consejo perfecto para la era moderna: confía, pero vigila a quien te vigila. Mientras, el Gran Hermano Fiscal se frota las manos, esperando pacientemente hasta abril de 2026 para desplegar en toda su gloria este nuevo y glorioso capítulo en el arte de gobernar: donde cada ciudadano es un contribuyente sospechoso, y su privacidad, un lujo fiscalmente indebido.
