En un acto de heroica congruencia que dejaría pálidos a los antiguos censores, el augusto Senado de la República ha decidido librar su batalla más crucial: una guerra sin cuartel contra los temibles cilindros de vapor con sabor a frutos del bosque. Con la solemnidad de quien decreta la paz perpetua, los ilustres legisladores han aprobado, entre bostezos y votos cruzados, una reforma a la Ley General de Salud que equipara el comercio de un cigarrillo electrónico con crímenes de alta traición, prometiendo a los mercaderes del vapor hasta ocho años de reclusión en las mazmorras de la patria.
La medida, nacida del sagrado puño y letra de la presidenta Claudia Sheinbaum, se escuda en el fantasma del “riesgo sanitario” y el espectro del mercado negro. Una paradoja digna de los mejores dramaturgos: para salvar a la ciudadanía del comercio ilícito, se declara ilícito el comercio, garantizando así que sólo los ilícitos lo controlen. La posesión personal, ese acto íntimo y vaporoso, queda magnánimamente perdonada, como si el Estado dijera: “Puedes tener el arma, pero si le vendes la bala a tu vecino, irás a pudrirte en el calabozo”.
La Farsa Regulatoria o Cómo Prohibir lo Ya Prohibido
El genio legislativo ha brillado con esta nueva capa de prohibición sobre la prohibición ya existente. Desde 2022, estos artefactos diabólicos estaban vetados, pero, oh sorpresa, seguían brotando en internet, plazas y callejones como mala hierba. La mayoría oficialista, con la lógica de quien intenta apagar un incendio con gasolina, argumenta que esta nueva ley impedirá que la industria opere en la sombra. La oposición, por su parte, advierte que esto no hará más que alimentar al crimen organizado, en un sublime acto de transferencia de monopolios del Estado al hampa.
El Coro de los Hipócritas: Debate entre Sordos en la Cámara del Humo
El debate fue un festival de cinismo. La bancada panista, encarnada en la senadora Gina Campuzano, acusó a Morena de usar “una cortina de humo” para tapar la inseguridad. La ironía de usar una metáfora tabacalera para criticar una ley antitabacalera fue, sin duda, lo más profundo de la jornada. La priista Carolina Viggiano clamó contra la falta de evidencia y denunció una “caja negra” regulatoria, olvidando convenientemente que su partido gobernó durante décadas con manuales enteros escritos en tinta invisible. Todos coincidieron en un punto: la prohibición del tabaco tradicional ha sido un éxito rotundo en mantenerlo lejos de los menores, como lo demuestran las nubes de humo que rodean cualquier preparatoria a la hora del recreo.
Así, nuestros sabios gobernantes han resuelto el enigma: en lugar de combatir a los cárteles de la muerte, crearán un nuevo cártel, el del vapor. En lugar de educar, encarcelarán. Y mientras debaten con furia sobre los peligros del glicerol y los sabizos artificiales, el país se desangra por otras válvulas que, al parecer, son menos prioritarias. Un triunfo más de la salud pública, firmado con la tinta de la absurdidad y sellado con el puño de la contradicción.
