La tarde del jueves 22 de enero de 2026, en un tramo de la carretera internacional México 15, a la altura del rancho Los Gavilanes al sur de Mazatlán, Sinaloa, se produjo un descubrimiento que trasciende el simple hallazgo de objetos perdidos. Decenas de documentos oficiales, esparcidos en carteras y billeteras de diversos tipos, fueron localizados, conformando un rompecabezas de identidades que colectivos de búsqueda han comenzado a armar con meticulosidad y profunda preocupación.
Hasta el momento, el análisis minucioso de los materiales ha permitido identificar a un mínimo de catorce personas propietarias de esos documentos. La procedencia geográfica de estas identidades abarca una amplia franja del territorio nacional, incluyendo los estados de México, Puebla, Nayarit, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco e Hidalgo, entre otros. Este dato no es menor, pues sugiere un patrón de movilidad o un origen común de los afectados que las autoridades tendrán que investigar.
El inventario de lo encontrado es extenso y de naturaleza íntima: credenciales para votar vigentes del INE, tarjetas de débito y crédito de diversas instituciones bancarias, licencias de conducir, credenciales escolares y universitarias, e incluso documentos laborales que detallan la afiliación de algunas personas a empresas como la Comisión Federal de Electricidad, a través de contratistas como Servimontajes o Covanaro Obras Electromecánicas. La presencia de estos últimos elementos añade una capa de complejidad, apuntando a un posible contexto laboral compartido por algunas de las víctimas.
Uno de los casos que inmediatamente llamó la atención de los colectivos es el de Fernando Adán Calderón Hernández, un ingeniero en Logística y Transporte egresado de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, originario de Calpulalpan. Su credencial universitaria fue localizada entre los efectos. Otro documento, a nombre de Kenia Romero Santana de Tula de Allende, Hidalgo, presenta una circunstancia particularmente inquietante: aunque la credencial fue hallada, existen registros públicos que indican que la persona falleció en marzo de 2022, lo que plantea interrogantes sobre el uso posterior de su identidad.
La hipótesis del robo común surge a partir de una denuncia presentada por un grupo de trabajadores de la CFE. Estos relataron que a finales de noviembre de 2025 fueron asaltados por un grupo armado que les sustrajo sus carteras con todo su contenido. Es plausible, por tanto, que al menos una parte de los documentos corresponda a este incidente delictivo. Sin embargo, la magnitud del hallazgo, la diversidad de orígenes y la concentración de tantas identidades en un solo punto alejado, llevan a los colectivos de búsqueda y a los analistas en seguridad a considerar escenarios más graves.
La práctica de despojar a las personas de sus documentos de identidad es, lamentablemente, un modus operandi asociado en México a otros delitos de alto impacto. La pérdida de la identidad oficial es con frecuencia el primer paso para dificultar el rastreo de un individuo, sumiéndolo en una especie de limbo administrativo. Por ello, el descubrimiento en la carretera México 15 no se interpreta como un evento aislado o fortuito, sino como una potencial evidencia material de hechos delictivos que podrían involucrar desapariciones.
Los colectivos, con una experiencia amarga y profunda en estas materias, han asumido la tarea de verificar y cruzar la información. Han hecho público el listado de las identidades identificadas, no solo para cumplir con una labor de transparencia, sino como una estrategia para presionar a las autoridades competentes. La Fiscalía del Estado de Sinaloa es la instancia a la que formalmente se ha canalizado el hallazgo, con el requerimiento explícito de que active todos los protocolos para localizar a las catorce personas y esclarecer las circunstancias en que sus documentos terminaron abandonados en la carretera.
La lista, que incluye nombres como Carlos Alfredo Jiménez Corrales, Oliver Gutiérrez Aguilar, Juan Pablo Saavedra Munguía y José Luis Pérez Ballinas, entre otros, representa ahora un mapa de urgencia. Cada nombre es un hilo del que tirar, una vida por la que preguntar, una familia que posiblemente esté buscando respuestas. El análisis técnico de este caso debe integrar la investigación del posible asalto a los trabajadores, la verificación del estado real de cada persona en los registros oficiales, y la revisión de posibles reportes de desaparición que coincidan en tiempo y perfil.
Este hallazgo en Mazatlán expone, una vez más, la vulnerabilidad de la identidad personal y la sombría utilidad que puede tener en manos del crimen. Subraya la importancia crítica del trabajo realizado por los colectivos de búsqueda, quienes actúan como una fuerza de contrapeso y verificación ante la inercia institucional. Más allá de la devolución de unos plásticos y papeles, lo que está en juego es la restitución de la identidad y, en el mejor de los escenarios, el reencuentro con la vida de aquellas personas cuyos rastros fueron literalmente tirados a un costado del camino.
