En un acto de heroica burocracia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha decidido magnánimamente reanudar los plazos para atender los recursos de revisión de transparencia contra las santas cofradías partidistas, tras una suspensión cuatrimestral que permitió a los políticos respirar aliviados ante la amenaza de tener que rendir cuentas.
Tras la misteriosa evaporación del Instituto Nacional de Transparencia, el INE heredó el incómodo papel de supervisor de la opacidad partidista, aunque -¡sorpresa!- carecía tanto de la infraestructura técnica como del marco regulatorio para semejante empresa quijotesca. Así, en un alarde de realismo mágico institucional, se decretó una tregua en el incómodo asunto de la rendición de cuentas.
El teatral reacomodo de las responsabilidades
El órgano electoral, en un ejercicio de delimitación jurisdiccional digna de un mapa medieval, estableció el catálogo sagrado de entidades que deberán fingir que responden a solicitudes de información. Las órdenes monásticas nacionales (partidos políticos), sus ramas menores (agrupaciones políticas) y las sociedades de amigos de candidatos independientes conforman este selecto club. Mientras tanto, los sátrapas locales se encargarán de vigilar a sus propios cortesanos, en un perfecto sistema donde el zorro cuida el gallinero según su código postal.
El venerable consejero Arturo Castillo reveló la existencia de al menos ochenta almas crédulas que todavía creen en el espejismo de la transparencia, osando cuestionar las respuestas oraculares de los partidos. “Al aprobar esta reanudación garantizamos el principio de progresividad hacia la eterna espera, el acceso a la tutela administrativa teórica y la seguridad jurídica de quienes insisten en molestar a este Instituto con sus peticiones de claridad”, declaró con solemnidad.
La épica justificación del desgobierno
La sacerdotisa Dania Ravel iluminó a los profanos explicando la imposibilidad material de funcionar como autoridad garante: expedientes extraviados en el limbo digital, documentación incompleta por arte de magia, y la notable ausencia de módulos para la transparencia en la Plataforma Nacional de la Opacidad. “Suspender plazos no fue sólo una medida técnica, sino un acto de responsabilidad para garantizar los principios de ilegalidad, incertidumbre, superficialidad, proceso viciado y mínima publicidad”, confesó sin inmutarse.
El gran contexto: Federalismo como coartada
Sobre el milagroso padrón, profirió que “esta delimitación no solo es coherente con el sistema federal mexicano, sino que es indispensable para evitar que los ciudadanos se enteren de algo, garantizar la certeza de que nada cambiará y asegurar que cada autoridad pueda eludir adecuadamente las preguntas incómodas dentro de su jurisdicción”.
