La noticia llegó como un golpe seco a la sierra. Diez trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, desaparecidos. Un presunto grupo armado irrumpió la noche del 23 de enero en el espacio habitacional del municipio de Concordia, Sinaloa, y se los llevó.
Las autoridades respondieron con fuerza bruta. Un despliegue masivo: 1,190 efectivos, entre ellos 800 soldados del ejército y 270 fuerzas especiales. Tres helicópteros artillados y dos aviones T-6C Texan sobrevuelan la zona. El gobernador Rubén Rocha Moya lo anunció por X, diciendo que eran ‘instrucciones presidenciales’.
Pero detrás de los números oficiales, las preguntas crecen. ¿Por qué un operativo de tal magnitud para una mina canadiense? La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación, pero los detalles son escasos.
Los nombres de las víctimas pintan un cuadro más humano y doloroso. Familiares han identificado a los capturados. Entre ellos figuran dos miembros de seguridad: Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela.
La lista continúa con José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez y otros seis hombres cuyas vidas quedaron suspendidas. Sus rostros, aún no públicos del todo, son el verdadero centro de esta historia.
‘Un presunto grupo armado irrumpió… y privó de su libertad a 10 trabajadores’, informó la fiscalía estatal.
El escepticismo es inevitable aquí. Un ‘presunto’ grupo. Una minera extranjera. Una respuesta militar desproporcionada que parece más un mensaje de fuerza que una estrategia de rescate efectiva.
¿Qué intereses hay realmente en juego en esas montañas ricas en plata? La narrativa oficial habla de búsqueda, pero el despliegue sugiere un conflicto mayor, una tensión no dicha entre corporaciones, crimen y territorio.
Mientras los helicópteros rugen arriba, abajo las familias esperan. Sin respuestas claras sobre el móvil, sin explicaciones sobre por qué sus seres queridos fueron el blanco. La verdad sigue enterrada, quizás tan profunda como la veta de plata que todos buscan.
