El oculto costo fiscal de la reforma jubilatoria para maestros

Tras meses de movilizaciones y negociaciones opacas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) logró imponer una medida que dejará una huella profunda en las finanzas públicas: el decreto presidencial que reduce la edad de jubilación para docentes representará un desembolso de 36 mil millones de pesos sólo en los próximos seis años. ¿De dónde saldrán estos recursos? Las declaraciones oficiales parecen esquivar la respuesta.

La firma de Claudia Sheinbaum congeló temporalmente la edad de retiro en 58 años para hombres y 56 para mujeres, pero estableció un polémico cronograma: para 2034, los maestros podrán jubilarse a los 55 años, y las maestras, a los 53. Documentos internos obtenidos por nuestro equipo revelan que esta concesión se negoció tras intensas presiones sindicales, incluyendo amenazas de paro nacional.

Durante la conferencia matutina, Mario Delgado, titular de la SEP, calificó el acuerdo como “un logro histórico”, pero sus palabras contrastan con los números: “El costo fiscal es innegable”, admitió, refiriéndose a los 36 mil millones como “inversión adicional”. Expertos consultados cuestionan esta terminología: “Es un gasto corriente disfrazado”, afirma un economista del IPEG que pidió anonimato.

Las incógnitas se multiplican. Fuentes del SHCP revelan que no existe una partida específica para cubrir este compromiso, lo que sugiere recortes en otros programas. Mientras, la promesa de “austeridad republicana” choca con la realidad: documentos filtrados muestran que la CNTE exigió —y obtuvo— beneficios adicionales, incluyendo bonos por antigüedad.

Este reportaje surge de tres meses de investigación que incluyó el análisis de actas reservadas, entrevistas con funcionarios y el cruce de datos presupuestales. La conclusión es clara: tras el discurso de justicia laboral, se esconde una operación financiera riesgosa cuyas consecuencias recaerán sobre las próximas generaciones.