Imaginen una reforma que prometía seguridad y terminó creando el negocio perfecto para la delincuencia. Eso es lo que está pasando con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, según expertos que ven cómo se forma un nuevo mercado criminal ante nuestros ojos.
En redes sociales ya ofrecen chips registrados por solo 27 pesos. Líneas listas para usar, pero a nombre de terceras personas que no tienen idea de que su identidad está en venta. Los especialistas no dudan en calificar la situación como “muy grave”.
“Lo cual advertimos desde que se discutió la reforma y en donde no nos hicieron caso los senadores en las audiencias”,
recuerda Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del IDET. Y tiene razón para estar alarmado: la Suprema Corte ya dijo dos veces que este padrón es inconstitucional, pero ahí sigue, avanzando.
La lógica es tan simple como peligrosa. > “Ningún delincuente va a ir a registrar su cara, su CURP, su credencial del INE, su pasaporte para tener un chip telefónico. Eso es evidente”,
explica Soria. En cambio, usan datos robados o vulnerados -algo que ya ha pasado con bases gubernamentales- para obtener líneas a nombre de inocentes.
Abraham Serrano, consultor internacional de seguridad, coincide en el diagnóstico: se creó un mercado negro porque la reforma no tuvo “candados” suficientes. Los criminales se adelantaron y ahora tienen chips ‘limpios’ para extorsionar y secuestrar sin dejar rastro.
Mientras tanto, millones de usuarios quedan en la indefensión. Sus datos pueden terminar vinculados a delitos graves sin que ellos lo sepan. Y los verdaderos responsables operan en la impunidad, con herramientas que les proporcionó, sin querer queriendo, una reforma mal diseñada.
