En un acto de extraordinaria clarividencia legislativa que sin duda resolverá los problemas más acuciantes de la nación, el iluminado grupo parlamentario del Partido Verde ha descubierto el eslabón perdido del desarrollo nacional: la urgente necesidad de regular meticulosamente a los paseadores de perros. Mientras el país arde en llamas de violencia, corrupción y desigualdad, nuestros sabios representantes han dedicado sus considerables talentos a diseñar el marco jurídico perfecto para quien saca a orinar al can.
Los estadistas ecologistas, armados con cifras del INEGI que revelan la existencia de 43.8 millones de canes y 16.2 millones de felinos nacionales -cifras que superan ampliamente la cantidad de ciudadanos con acceso a salud digna-, han declarado el estado de emergencia mascotil. Según su lógica impecable, el verdadero termómetro de la salud social no se mide en aulas sin maestros ni hospitales sin medicamentos, sino en la frecuencia de los paseos de Firulais.
Con solemnidad casi religiosa, los legisladores explican que aunque la ley ya reconoce la necesidad del bienestar animal, carecemos del sagrado registro que certifique que quien tira de la correa lo hace con la técnica aprobada por la burocracia federal. Porque es bien sabido que los problemas de maltrato animal se solucionan no con educación y cultura, sino con formularios en triplicado y permisos renovables anualmente.
La crisis existencial del perro abandonado (por ocho horas)
En lo que constituye el análisis sociológico más profundo de la década, los expertos verdes han descubierto que el aislamiento canino produce ansiedad por separación, problemas renales e incluso daños psicológicos. Curiosamente, estos mismos efectos se observan en niños que pasan solos las tardes porque sus padres trabajan tres turnos para sobrevivir, pero esa investigación queda pendiente para cuando se resuelva el drama de las colitis en schnauzers.
La solución propuesta es de una genialidad que rivaliza con los mejores tratados de filosofía política: guarderías públicas para mascotas operadas por los mismos municipios que no pueden proveer agua potable a sus ciudadanos. Así, mientras usted hace cola para obtener una cita médica, su perro disfrutará de estimulación mental y física en instalaciones que seguramente no serán el paraíso de la corrupción y el abandono que son las instituciones humanas.
El complejo industrial-canino
Los visionarios legisladores reconocen, con la gravedad de quien anuncia el descubrimiento de una nueva partícula subatómica, que existen casos aislados donde paseadores no certificados no proporcionan el bienestar óptimo a las mascotas. Por esto, la maquinaria estatal debe movilizarse para crear una estructura regulatoria que supervise, certifique y controle cada tironcito de correa en el territorio nacional.
En el colmo del realismo mágico legislativo, los senadores verdes proclaman que esta medida fortalece el tejido social y genera empleos especializados. Porque nada une más a una comunidad que saber que el que pasea a tu perro tiene un gafete oficial, y ningún empleo es más especializado que el de supervisor municipal de defecaciones caninas.
Mientras tanto, en el mundo real, seguimos esperando que estos mismos talentos se apliquen a regular cosas menores como la impunidad, la pobreza o el colapso ambiental real. Pero eso puede esperar: primero salvaremos a las mascotas de la tragedia de no tener un paseador con cédula profesional.
