La narrativa oficial sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico se está resquebrajando. Desde el Senado, la bancada del PRI lanza una acusación grave: no fue un error humano aislado, sino el resultado final de fallas estructurales documentadas y sistemáticamente ignoradas.
La senadora Carolina Viggiano no se anda con rodeos. Atribuir la culpa al conductor es, en sus palabras, crear un “chivo expiatorio”. ¿El objetivo? Eximir a los verdaderos responsables, a quienes describe como “amigos de los hijos de AMLO”. Su advertencia fue profética: “cuando se descarrile [el tren], ya será otro asunto”.
Pero esto no es solo una declaración política. Hay papeles que lo respaldan. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevaba tiempo señalando irregularidades. Viggiano las enumera: problemas en los rieles, el balasto, los vagones. Observaciones que, según ella, nunca se corrigieron. “Todas las obras de infraestructura de este gobierno tienen observaciones, sobreprecios y ninguna funciona”, sentencia en redes.
Su colega, Claudia Anaya, pone cifras y detalles técnicos sobre la mesa. El dictamen de la ASF habla de vías de un calibre distinto al que requiere el tren, durmientes incompatibles y pagos por obras que simplemente no se ejecutaron. Son fallas de cuna, errores que se compraron e instalaron.
Ante la detención del conductor, el PRI pide un peritaje externo e independiente. Anaya evoca el fantasma de la Línea 12 del Metro: México tiene los profesionales, pero ¿tiene las instituciones libres de interferencia? Lanza otra daga: “ya no tenemos una Fiscalía independiente y todo el poder está en manos de un solo grupo político”.
El argumento final es contundente. Para estas senadoras, el accidente revela un patrón mucho más oscuro que un simple descarrilamiento: opacidad en la gestión, supervisión deficiente y una rendición de cuentas completamente politizada. No es un accidente. Es síntoma de un sistema que prioriza la lealtad sobre la seguridad.
