Un debate con sabor a historia y advertencias para el futuro
El Senado de la República dio un paso crucial al avalar en lo general el dictamen que crea la nueva Ley General de Aguas y reforma su predecesora, la Ley de Aguas Nacionales. Este momento legislativo, sin embargo, quedó marcado por profundas divisiones y acusaciones de la oposición, que ve en la iniciativa una herramienta para el control político del sector agropecuario por parte del oficialismo.
La votación, con un resultado de 85 votos a favor contra 36 en contra y cero abstenciones, refleja una polarización que he visto repetirse en temas de alto calado. La esencia de la reforma presidencial radica en modificar el régimen de concesiones, eliminando explícitamente su mercantilización. En la práctica, esto significa que los títulos de agua no se pueden transmitir, vender ni destinar a un uso distinto al originalmente inscrito, un cambio de paradigma que recuerda viejas discusiones sobre la naturaleza del recurso.
Ricardo Anaya, senador del PAN, fundamentó su voto en contra con una crítica mordaz: “Tiene dos dardos envenenados. El primero es su adicción por el control político; quieren el control del agua, quieren tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión”. Desde mi experiencia, cuando la normativa introduce trámites excesivos, no solo se burocratiza el proceso, sino que se abre la puerta a la discrecionalidad.
Las implicaciones prácticas más allá del discurso
Anaya ilustró su punto con un escenario concreto: si un campesino quiere vender su tierra con una concesión asociada, ahora enfrenta un nuevo procedimiento de reasignación sujeto al criterio de la autoridad. “Para muestra de que no les interesa el agua sino el control político… en esta reforma no le ponen un peso a resolver el problema de las fugas”, añadió. Es una lección dura: las leyes que ignoran los problemas operativos cotidianos, como la infraestructura hidráulica deficiente, suelen crear más conflictos que soluciones.
Carolina Viggiano, del PRI, profundizó en esta crítica, señalando que la reforma “no protege los recursos naturales” y acusando al Partido Verde de traicionar sus principios. Su analogía fue contundente: “A ustedes ya se les acabó el huachicol fiscal. Ahora quieren el huachicol del agua”. Alertó que la norma “no es equitativa” y podría beneficiar a grandes usuarios en detrimento de comunidades y pequeños productores, generando un “golpe al campo” y a la soberanía alimentaria. He sido testigo de cómo las brechas regulatorias pueden consolidar asimetrías de poder en el sector.
La discrecionalidad como semilla de la incertidumbre
En nombre de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas también manifestó su voto en contra. Reconoció mejoras a la iniciativa original, pero criticó que se hayan logrado bajo presión social: “En una democracia funcional, nadie debería suspender su vida para que el gobierno haga lo mínimo: escuchar”. Su advertencia central tocó un nervio sensible: la reforma es discrecional al concentrar atribuciones en la Conagua sin contrapesos reales. “Cuando la autoridad puede decidir sin criterios verificables, crece el riesgo de corrupción y el favoritismo”. La historia nos enseña que la falta de claridad normativa es el caldo de cultivo perfecto para la arbitrariedad.
Adán Augusto López, senador de Morena, salió al frente para rechazar las acusaciones. Negó que se busque afectar a los productores o incrementar el control político. Citó el artículo 49 del nuevo ordenamiento, que establece que, al transmitirse el dominio de tierras con una concesión, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre el agua. En teoría, esto protegería al usuario. Pero en la práctica, la experiencia dicta que la letra de la ley y su aplicación pueden ser mundos distintos, especialmente cuando la autoridad tiene un margen amplio de interpretación.
Un capítulo que se cierra, pero un debate que perdura
Mientras el Senado continúa la discusión en lo particular —sin que se prevean modificaciones sustanciales—, el camino está despejado para que, una vez votada, la reforma se turne al Ejecutivo Federal para su publicación. Lo que queda claro, tras años de observar estos procesos, es que las leyes sobre recursos vitales como el agua rara vez se agotan en su publicación. Su verdadero impacto se mide en los campos, en las comunidades y en la capacidad del Estado para administrar con transparencia, equidad y visión de largo plazo un bien que, más que un derecho, es la base de la vida misma.
