Un Cambio de Paradigma en la Lucha Contra la Extorsión
El Senado de la República ha iniciado un punto de inflexión en la política criminal nacional al debatir la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta normativa, de carácter visionario, no solo incrementa las condenas, sino que replantea la estrategia de seguridad al establecer penas de prisión que pueden alcanzar los 41.2 años para los perpetradores de este flagelo.
Tras una dispensa de trámites legislativos durante la sesión vespertina, se anticipa que el dictamen será avalado por unanimidad. Debido a aproximadamente 15 modificaciones sustanciales, el documento será devuelto a la Cámara de Diputados para su homologación definitiva.
La Nueva Arquitectura de las Sanciones Penales
La legislación introduce una pena base de 15 a 25 años de reclusión. Por primera vez en la historia jurídica del país, se logra la homologación de penas a nivel nacional, transformando la extorsión en un delito de acción oficiosa, lo que implica que el Estado está obligado a perseguirlo incluso sin una denuncia previa.
El texto legal detalla agravantes específicos que incrementan la condena entre 3 y 17 años adicionales. Circunstancias como el uso de violencia física, la portación de armas de fuego, la suplantación de identidad con disfraz de agente policial y la modalidad de los monta choques pueden elevar la sanción máxima hasta los 41.6 años de privación de la libertad.
Cero Tolerancia para la Colusión de Autoridades
La ley adopta una postura intransigente contra la corrupción al estipular sanciones ejemplares para las autoridades cómplices. Se establecen penas de hasta 20 años de cárcel para funcionarios que omitan denunciar delitos de su conocimiento. La tolerancia o facilitación de extorsiones desde centros penitenciarios será castigada con hasta 30 años de reclusión, mientras que el ingreso ilegal de teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación conllevará 12 años de prisión. Adicionalmente, se prevé la destitución inmediata e inhabilitación permanente para cualquier servidor público involucrado.
