Foto: El Universal.
Han pasado diez años. Una década desde que se instaló formalmente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México. En teoría, es el conjunto de dependencias y organismos autónomos que deben tratar y resolver los casos de corrupción.
La percepción general, sin embargo, es dura: a pesar del tiempo, no ha resuelto ningún caso relevante. Esa es la realidad que se vive aquí, en las calles y oficinas. Lo curioso es que, a nivel internacional, este mismo sistema ha sido reconocido como uno de los más completos y avanzados.
Se puso en marcha el 23 de junio de 2016. Su base fue la Ley General de Transparencia, que creó al ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI). La idea era brillante: poner a la ciudadanía en el centro, a través de un Comité de Participación Ciudadana (CPC) integrado por personas destacadas en la lucha anticorrupción.
Pero entre la teoría y la práctica hay un abismo. El sistema está integrado por varias dependencias clave: la Secretaría Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En teoría, todas deben sesionar juntas, avisarse sobre casos y darles seguimiento hasta la sanción final. En la práctica, eso nunca ocurrió. La maquinaria nunca arrancó del todo.
Vania Pérez, quien fue presidenta del SNA, lo dijo sin tapujos en una entrevista con EL UNIVERSAL. Comparó al sistema con “un llamado a misa” donde pocos atienden.
“Constantemente se ha ausentado el auditor superior de la Federación. Lleva cinco años que no asiste de manera regular a las sesiones… Desde mi punto de vista, la fiscalización debería ser el corazón”, afirmó Pérez.
Señaló directamente al auditor David Colmenares por sabotear el trabajo del sistema. La falta de voluntad política ha sido el cáncer que lo carcome desde dentro.
Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió lo que muchos ya saben: el SNA “no ha funcionado muy bien”. Prometió modificaciones para empoderar al ciudadano.
Pero las palabras se las lleva el viento si no hay acciones concretas. Vania Pérez lo resumió con una pregunta poderosa y triste:
“Si yo, como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, no puedo denunciar la corrupción, ¿qué le espera a un ciudadano?”
Mientras no haya protección real para quien denuncie y sanciones precisas con recuperación del dinero público, este combate seguirá siendo una simulación. Diez años después, esa es la lección más dolorosa.
