Empleada de Guadalajara admite sacrificar perro en ritual religioso

Guadalajara, Jalisco — Naomi Sofía Figueroa Álvarez, funcionaria del Gobierno de Guadalajara, generó indignación al reconocer en un video público el sacrificio de un canino como parte de un ritual vinculado a la santería. La grabación, difundida en redes sociales, muestra a la empleada describiendo el acto con crudeza: “Tuve que hacer un sacrificio muy grande… le cortaron a un perro”, mientras simulaba el movimiento con su mano. Según su relato, el propósito era “eliminar enemigos”, añadiendo un tono de amenaza velada.

Figueroa Álvarez ocupa un cargo especializado en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios, con un salario mensual de 18,400 pesos. Su vinculación familiar con la exdirectora del IMAJ, Susana Álvarez Hernández —investigada en 2019 por irregularidades administrativas— añade capas de controversia al caso.

El Código Penal de Jalisco tipifica como delito el maltrato animal con resultado de muerte, con penas de 3 a 5 años de prisión. La denuncia, viralizada por el colectivo No al Maltrato Animal, reabre el debate sobre la intersección entre libertad religiosa, ética pública y derechos animales. ¿Dónde trazar el límite cuando las creencias individuales colisionan con el orden social? Este caso expone grietas sistémicas que demandan soluciones innovadoras: desde educación intercultural hasta protocolos claros para servidores públicos.

Más allá del escándalo, el incidente invita a reflexionar: en una era de hiperconexión, ¿cómo equilibrar la diversidad espiritual con la rendición de cuentas? La disrupción digital ha convertido actos privados en crisis públicas, exigiendo nuevos marcos legales y culturales para navegar estos dilemas del siglo XXI.