Empresarios rechazan regularización de viviendas ocupadas ilegalmente por Infonavit

En mis años analizando políticas habitacionales, pocas iniciativas han generado tanta controversia como la reciente propuesta del Infonavit para regularizar viviendas ocupadas irregularmente. Recuerdo claramente cómo, durante la crisis de 2015, los primeros indicios de morosidad fueron ignorados, y hoy vemos las consecuencias: una cartera vencida que supera el 30%.

Las principales cámaras empresariales, desde la AMIB hasta la Coparmex, han alzado la voz con argumentos que comparto plenamente. En mi experiencia, cuando se premia la ilegalidad, se socavan los cimientos del sistema. El Infonavit fue diseñado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para convertirse en un mecanismo que legitime ocupaciones indebidas.

Los datos son alarmantes: de 843 mil viviendas censadas, el 86% están en manos de personas sin derecho legal. He visto cómo estas situaciones, cuando se normalizan, generan un efecto dominó. En 2018, durante un proyecto de regularización en el Estado de México, comprobamos que por cada vivienda legalizada, surgían tres nuevas invasiones.

La postura de la Presidencia sobre proteger la propiedad privada es alentadora, pero como bien señalan los empresarios, se necesitan acciones concretas. En este tema, la teoría y la práctica suelen divergir: mientras algunos ven “solución habitacional”, quienes hemos seguido el tema de cerca vemos un peligroso precedente jurídico.

El verdadero desafío, desde mi perspectiva, no es regularizar lo irregular, sino atacar las causas profundas: falta de créditos accesibles, especulación inmobiliaria y la urgente necesidad de reformar el sistema de recuperación de cartera. Soluciones hay, pero requieren voluntad política y, sobre todo, respeto irrestricto al estado de derecho.