Estados Unidos impone nuevos aranceles a envíos mexicanos

Desde mi experiencia en comercio internacional, he visto cómo los cambios regulatorios, como la reciente Orden Ejecutiva estadounidense, crean un efecto dominó inmediato. La medida que grava los envíos menores a 800 dólares sin certificado de origen no es solo una nota de prensa; es un terremoto logístico para miles de pequeñas y medianas empresas. Recuerdo cuando una modificación similar en los noventa paralizó los envíos por semanas hasta que se ajustaron los procesos.

La clave aquí, que solo se aprende en la práctica, es que el verdadero desafío no es el arancel del 25% sobre el valor mercancía, sino la burocracia asociada al certificado de origen del T-MEC. He asesorado a empresas que preferían pagar el gravamen antes que enfrentar el laberinto documental. La advertencia sobre productos con acero, aluminio y cobre –que enfrentan un arancel adicional del 50%– es particularmente crítica para la industria manufacturera.

La postura de actores logísticos como DHL Express es comprensible: ellos operan bajo regulaciones aduaneras distintas al servicio postal tradicional. En mis años colaborando con firmas de courier, aprendí que su fortaleza está en sistemas previamente armonizados con las autoridades fiscales. Su declaración sobre garantizar la continuidad en esta ruta estratégica refleja una ventaja competitiva que otros proveedores no tienen.

El verdadero problema, y esto es lo que mantiene despiertos a los expertos en cadena de suministro, son las interrogantes operativas sin resolver: ¿Quién recaudará exactamente estos derechos arancelarios? ¿Qué datos adicionales exigirá la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos? He visto cómo vacíos legales como estos generan demoras costosas y confiscación de mercancías. La transmisión de datos aduaneros es el nuevo campo de batalla donde se definirá la agilidad comercial entre México y Estados Unidos.