Exalcaldesa morenista enfrenta proceso por amedrentar testigos en caso de tortura

En un giro digno de una tragicomedia política, la exalcaldesa morenista de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, ha sido vinculada a proceso por el delito de intimidación. ¿Su crimen? Intentar silenciar a testigos clave en el escandaloso caso de tortura sexual contra las periodistas Nayeli y Michelle Hoyos López. ¡Qué sorpresa! Otra figura pública acusada de usar su poder para aplastar la verdad, como si fuera un manual de instrucciones para la impunidad.

La Fiscalía General de la República, en un raro momento de eficacia, presentó pruebas suficientes para demostrar que la exmandataria amenazó a testigos con perder sus empleitos si osaban decir la verdad. Porque, claro, en el México de hoy, la lealtad al jefe parece valer más que la justicia. Mientras tanto, cinco ex policías municipales y un juez local ya están en el banquillo por tortura sexual, un delito que, al parecer, algunos consideran parte del “servicio público”.

Pero el espectáculo no termina ahí: once subordinados de la exalcaldesa también enfrentan cargos por falsificar informes para encubrir los hechos. Porque, ¿para qué sirve el poder si no es para proteger a los amigos y enterrar los cadáveres —metafóricos, por ahora— bajo toneladas de burocracia?

El juez federal, en un acto que casi parece justicia, ordenó dos meses más de investigación y medidas cautelares para proteger a las víctimas. Aunque, en este país, uno nunca sabe si las medidas cautelares son más efectivas que un amuleto de la suerte. Mientras tanto, el partido en el poder sigue acumulando casos de corrupción como si fueran medallas de honor. ¡Bravo por la Cuarta Transformación! O deberíamos decir, ¿la Cuarta Distorsión?