Un terremoto institucional en Sonora
La Fiscalía General de Justicia de Sonora ejecutó un operativo sin precedentes: la detención de Manuel Emilio Hoyos, excomandante de la policía municipal de Hermosillo, junto a cinco agentes más. ¿El detonante? Denuncias por presuntas violaciones sistemáticas a derechos fundamentales, incluyendo el polémico traslado forzado de personas en situación de calle durante las Fiestas del Pitic.
Entre la congruencia y la contradicción
Hoyos, quien dirigió la corporación desde 2021 hasta su renuncia en junio pasado, defendió su gestión en redes sociales con un discurso que mezcla orgullo institucional y victimización: “Condeno la embestida contra nuestr@s compañer@s… exhibiré pruebas cuando sea necesario”. Una narrativa que choca frontalmente con las acusaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Operativos paralelos: cateos y silencios estratégicos
Mientras la Fiscalía allanaba la residencia del excomisario en el exclusivo fraccionamiento Monterosa, tanto el gobierno estatal como el ayuntamiento hermoseño adoptaron posturas calculadas: “Respeto al debido proceso”. Un eufemismo institucional que esconde la tormenta perfecta entre política, seguridad pública y derechos humanos.
“Se cumplimentaron 6 órdenes por delitos relacionados con quejas de la CEDH”
– Comunicado oficial de la Fiscalía de Sonora
¿Síntoma o enfermedad?
Este caso trasciende lo anecdótico: plantea preguntas incómodas sobre la cultura policial en México. ¿Fue Hoyos un chivo expiatorio o el eslabón visible de una cadena de abusos? Las investigaciones podrían destapar no sólo presuntas irregularidades, sino un modelo de seguridad pública que necesita reinvención radical.
Lo que sigue: Las indagatorias podrían extenderse a más mandos medios, mientras organizaciones civiles exigen una depuración profunda del cuerpo policiaco. El verdadero juicio no será en los tribunales, sino en la credibilidad de las instituciones.
