Un informe que promete romper con el pasado
Al rendir su primer informe de labores, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se limitó a enumerar gestiones. Su discurso, pronunciado ante la presencia de altos representantes del Ejecutivo y el Legislativo, planteó una pregunta incómoda: ¿qué se escondía realmente detrás de las paredes de mármol del máximo tribunal en los años previos?
La acusación: una Corte “anquilosada y soberbia”
Con un lenguaje que evocaba deliberadamente los postulados de la Cuarta Transformación, Aguilar Ortiz no ofreció un mero balance administrativo. En su lugar, presentó una cruda autopsia de la institución que, según su testimonio, heredó. La describió como un órgano “lento, anquilosado, ensimismado y podría decir que hasta soberbio”. ¿Qué evidencias sustentan esta grave afirmación? El propio ministro las esbozó: expedientes que dormitaban durante años, sentencias que se dilataban sin justificación y una opacidad que alejaba al Poder Judicial de la ciudadanía a la que debía servir.
La promesa de un nuevo modelo: ¿autonomía o alineación?
Frente a este diagnóstico, el presidente de la Corte esbozó los principios de una nueva era. Aseguró que hoy el tribunal es “cercano y abierto al pueblo”, negando categóricamente la existencia de “sumisión ni subordinación” hacia otros poderes. Sin embargo, el investigador persiste en cuestionar: ¿cómo se materializa esta independencia en casos de alta tensión política? Aguilar Ortiz fue enfático al señalar que la Corte “no se inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional”, proclamando una lealtad exclusiva a la Carta Magna y al pueblo. Esta declaración, tan rotunda, invita a un escrutinio minucioso de las próximas resoluciones que emane del pleno.
El desafío pendiente: de la retórica a la evidencia tangible
El discurso, cargado de simbolismo político, establece un compromiso público de transparencia, celeridad y diálogo institucional. La narrativa oficial presenta una institución renovada, comprometida con la austeridad y enfocada en las “necesidades reales del país”. No obstante, la verdadera prueba para esta autoproclamada transformación no estará en los informes, sino en la praxis. La ciudadanía y los analistas observarán si los expedientes dejan de engrosarse en los archivos, si las sentencias llegan a tiempo y, sobre todo, si la autonomía judicial se sostiene frente a presiones coyunturales. La revelación final no la ha dado Aguilar Ortiz con sus palabras; la dará la propia Corte con sus actos en los meses venideros.
