Jalisco propone cárcel por obstruir la búsqueda de personas desaparecidas

Guadalajara, Jalisco — En un movimiento para proteger los derechos de las víctimas, el diputado independiente Alejandro Puerto presentó una iniciativa ante el Congreso local que castigaría hasta con tres años de prisión el retiro o destrucción de materiales de búsqueda de personas desaparecidas en espacios públicos. La propuesta, que reformaría el Código Penal y la Ley de Atención a Víctimas, busca tipificar como delito la obstrucción sistemática de estos esfuerzos.

La iniciativa define como infracción cualquier acción que impida la colocación o difusión de fichas, carteles o lonas informativas sin autorización legal. Los infractores enfrentarían penas de seis meses a tres años de cárcel, además de multas que oscilarían entre 5,657 y 56,570 pesos. En casos donde un servidor público sea responsable, se aplicaría además la destitución inmediata y una inhabilitación de cinco años para cargos gubernamentales.

“En Jalisco, la crisis de desapariciones exige medidas contundentes. Eliminar estos materiales no solo es un acto de violencia institucional, sino un obstáculo para la justicia”, declaró Puerto, destacando que la iniciativa responde a la creciente demanda de colectivos y familias afectadas. Según datos oficiales, el estado registra uno de los índices más altos de casos sin resolver en México.

La propuesta, que deberá ser analizada en comisiones legislativas, ha generado debate sobre el equilibrio entre el orden público y el derecho a la información. Activistas celebran el avance, mientras expertos en derechos humanos subrayan la necesidad de acompañarla con políticas integrales de prevención y reparación.

Con esta medida, Jalisco se posiciona a la vanguardia en la protección de mecanismos ciudadanos de búsqueda, en línea con estándares internacionales como el Protocolo de Minnesota. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva y la sensibilización de autoridades y sociedad.