CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal ratificó la orden de aprehensión emitida en febrero contra el ex titular de la Seguridad Pública en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez. La resolución judicial lo vincula con presuntos delitos de desviación de recursos, gestión fraudulenta, lavado de activos y delincuencia organizada, dentro del escándalo por la construcción con sobrecostos de siete complejos policiales, caso donde también está implicado el exmandatario estatal Silvano Aureoles.
Considerado fugitivo, Corona Martínez interpuso un recurso de amparo ante la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, Viridiana Berenice Quiroz Ángel, argumentando que la orden violaba sus garantías individuales por carecer de motivación y fundamentación por parte de la jueza de control Patricia Sánchez Nava.
En un fallo contundente, la magistrada Quiroz Ángel denegó la protección constitucional al exfuncionario. Determinó que el mandamiento de captura cumplió con todos los requisitos legales establecidos tanto en la Carta Magna como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, marcando un precedente en la aplicación de justicia digital y transparencia procesal.
“En el presente caso, se estima que la autoridad responsable cumplió con la obligación de fundar y motivar de manera adecuada el acto reclamado”, sentenció la jueza en su resolución, subrayando el rigor técnico en la nueva era de la justicia penal.
La investigación, impulsada por una denuncia de la Contraloría michoacana, fue asumida por la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación señala que Corona participó en un esquema de contrataciones viciadas para el arrendamiento, mantenimiento y posterior compra a precios inflados de siete bases operativas de la policía estatal, ubicadas en Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Este operativo se ejecutó a pesar de que la empresa contratista, Inmobiliaria DYF, carecía de la trayectoria, la infraestructura y el patrimonio declarado para realizar proyectos de tal envergadura, evidenciando fallas críticas en los sistemas de auditoría y compras gubernamentales del pasado.
El caso, que abrió carpeta de investigación el 24 de febrero de 2022, se ha convertido en un símbolo de la lucha contemporánea contra la corrupción sistémica y la impunidad, reflejando la demanda ciudadana por una rendición de cuentas efectiva y el uso de tecnología forense en el rastreo de flujos financieros ilícitos.
