Tras el silencio de los rieles, la búsqueda de respuestas
Más allá del comunicado oficial, la investigación por el descarrilamiento mortal en Nizanda, Oaxaca, avanza entre pericias y preguntas sin responder. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la extracción de datos de la caja negra de la locomotora, un elemento clave que ahora yace resguardado como indicio. Pero, ¿qué secretos albergan esos registros digitales? ¿Contradicen la narrativa inicial o confirman fallos técnicos? La Agencia de Investigación Criminal (AIC), con la supervisión de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, tiene la responsabilidad de descifrarlo.
Un rompecabezas de indicios y testimonios
El proceso no se limita a la tecnología. Fuentes cercanas a la indagatoria revelan que la Policía Federal Ministerial ya recabó la declaración del Apoderado Legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), la empresa operadora. Este testimonio, junto con otros indicios aportados, se ha anexado a la carpeta de investigación. Paralelamente, un trabajo meticuloso y menos visible se desarrolla en laboratorios: peritos en genética, química forense e informática analizan cada vestigio, mientras especialistas en ingeniería civil y arquitectura examinan los restos del convoy y la infraestructura vial. Cada dictamen es una pieza más para reconstruir la secuencia del desastre.
El rostro humano de la tragedia: 14 víctimas y cientos de vidas fracturadas
Mientras la maquinaria forense trabaja, el costo humano se hace más tangible. La FGR confirmó la entrega de un cuerpo más desde el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS, elevando la cifra fatal a catorce personas. Sin embargo, la verdadera magnitud de la catástrofe se mide en las casi cien personas lesionadas, muchas aún hospitalizadas, y en las familias destrozadas. La Fiscalía Federal en Oaxaca y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) intentan establecer un puente con los afectados, tanto con los heridos como con los deudos. ¿Están recibiendo el apoyo prometido? ¿O la burocracia entorpece la reparación integral del daño que las autoridades aseguran buscar?
Equipaje abandonado y la larga sombra de la desconfianza
En la zona del siniestro, un testimonio silencioso del caos permanece: equipaje disperso. Las autoridades realizan su inventario, en una colaboración anunciada con el gobierno estatal para que las víctimas puedan reclamar sus pertenencias. Pero este detalle abre otro flanco de cuestionamiento: la logística posterior al accidente. La coordinación entre la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la Subsecretaría de Derechos Humanos y la CEAV se promueve como un esfuerzo unificado para el seguimiento médico y legal. No obstante, investigaciones periodísticas previas sobre desastres en México plantean una duda persistente: ¿la coordinación interinstitucional es eficaz o se convierte en una maraña que diluye la responsabilidad?
La conclusión ineludible: más allá del accidente
El descarrilamiento en Nizanda no es un hecho aislado. Pone bajo una lupa implacable la seguridad del emblemático Corredor Interoceánico, un proyecto estratégico nacional. La extracción de la caja negra y la pericia técnica son cruciales, pero la investigación periodística debe ir más allá. Exige escrutinio sobre los protocolos de mantenimiento del FIT, la capacitación del personal operativo y la rigurosidad de las inspecciones regulatorias. La promesa de “esclarecer los hechos” debe culminar en responsabilidades claras, no en un informe técnico que archive el caso. Las catorce almas perdidas y una comunidad traumatizada exigen que esta investigación no encuentre solo causas, sino también culpables, y que sirva para prevenir que la historia, como un tren fuera de control, vuelva a descarrilar.
