La Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Ernestina Godoy, ha iniciado acciones penales en contra de María Amparo Casar, presidenta de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El núcleo de la acusación se centra en la tramitación y percepción de una pensión vitalicia por viudez, otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien era funcionario de la paraestatal.
Según información procedente de fuentes judiciales, Casar fue citada para una audiencia este martes ante una Juez de Control en el Reclusorio Oriente. En este acto procesal, la fiscalía busca imputarla formalmente por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. La hipótesis de la autoridad sostiene que la obtención de dicha pensión pudo haber incurrido en irregularidades. De proceder la vinculación a proceso, la conducta imputada conlleva una sanción penal que oscila entre seis meses y doce años de prisión, además de una multa equivalente a treinta hasta ciento cincuenta días de salario.
El origen del beneficio se remonta al año 2005, cuando Pemex concedió a la analista política y a sus dos hijos una pensión vitalicia como consecuencia del deceso de Márquez Padilla. Este pago se mantuvo de manera continua hasta marzo de 2024, mes en el que la empresa productiva del estado cesó abruptamente los depósitos. La interrupción del flujo económico llevó a Casar a interponer un recurso de amparo para defender su derecho a la percepción. Es a raíz de esta acción legal que, según se ha observado, tanto Pemex como el Gobierno federal han dirigido sus esfuerzos legales en contra de la dirigente civil.
El caso trasciende el mero aspecto jurídico-administrativo y se inserta en un contexto de alta sensibilidad política. María Amparo Casar, al frente de MCCI, ha sido una figura pública clave en la investigación y denuncia de presuntos actos de corrupción durante administraciones federales previas. Su trabajo de escrutinio abarcó el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y se extendió durante el gobierno pasado de Andrés Manuel López Obrador. Esta trayectoria convierte el proceso penal en un evento de significativa relevancia pública, que suscita interrogantes sobre la intersección entre la aplicación de la ley y la posible instrumentalización de la justicia para fines ajenos a la mera legalidad.
Desde una perspectiva técnica, el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal, requiere que el Ministerio Público demuestre que el acusado, simulando un acto jurídico o aprovechando una situación real, obtuvo para sí o para otro un beneficio indebido. La fiscalía especializada en combate a la corrupción tendrá que acreditar que Casar, al gestionar la pensión, actuó con dolo y con conocimiento de que incurría en una situación ilegal, algo que la defensa seguramente rechazará de plano, argumentando el ejercicio de un derecho legítimo.
El desarrollo de este caso será un referente para evaluar el estado de la rendición de cuentas y la independencia de las instituciones de justicia en México. La suspensión del pago de la pensión, seguida de la acción penal, genera una narrativa de represalia que, independientemente de su veracidad jurídica, impacta en la percepción pública. Observadores y organizaciones de la sociedad civil monitorean de cerca si el proceso se sustenta en evidencias sólidas y puras consideraciones de derecho, o si, por el contrario, está contaminado por consideraciones políticas derivadas del histórico rol contralor de la acusada. El resultado no solo definirá la situación legal de una persona, sino que enviará un mensaje crucial sobre el espacio cívico y los riesgos que enfrentan quienes se dedican al periodismo de investigación y a la denuncia de la corrupción en el país.
