En un alarde de creatividad legislativa que haría palidecer a los más grandes utópicos, la diputada Daniela Álvarez, iluminada representante del PAN, ha develado su monumental plan para salvar a la capital: transformar los Módulos de Atención y Quejas Ciudadanas en modernos centros de rehabilitación social para infractores.
La sublime propuesta, que reforma la Ley de Cultura Cívica con la delicadeza de un elefante en cacharrería, permitirá que los ciudadanos que cometan faltas administrativas expíen sus culpas escuchando las quejas de otros ciudadanos. Sí, ha leído bien: el castigo por molestar al vecino será escuchar cómo otros vecinos molestan a sus representantes.
La brillantez de este circuito de miseria ciudadana es simplemente admirable. Los infractores, en lugar de realizar aburridos trabajos comunitarios como barrer parques o pintar escuelas, podrán sumergirse en el fascinante mundo de la gestión legislativa, aprendiendo valiosísimas lecciones sobre autoestima mientras escuchan el quinto milenio de quejas sobre baches y alcantarillas tapadas.
La diputada Álvarez, en su infinita sabiduría, argumenta que las alcaldías están “sobrecargadas” de ciudadanos indignados, creando un “cuello de botella” en el procesamiento de indignaciones. La solución obvia, claro está, es convertir el Congreso en una válvula de escape para el descontento popular, matando dos pájaros de un tiro: los infractores purgan sus penas y los diputados obtienen mano de obra gratuita para escuchar problemas que nunca resolverán.
Este nuevo modelo pedagógico-transformacional convierte el castigo en una experiencia enriquecedora donde el infractor, tras escuchar durante horas las desventuras de sus semejantes, comprenderá el profundo daño social que causó al estacionarse en lugar prohibido o al poner la música demasiado alta. Nada dice “cultura de la paz” como obligar a alguien a escuchar las discordias ajenas.
La iniciativa, enviada a comisiones donde probablemente será enterrada con honores, representa ese raro momento en que la clase política descubre cómo hacer que los problemas ciudadanos trabajen para ellos. Ahora, además de no resolver quejas, podrán utilizarlas como instrumento de corrección conductual. ¡Esto sí que es innovación democrática!
