En un acto de congruencia ejemplar, la Suprema Comandante del Bienestar Pulmonar, Claudia Sheinbaum Pardo, ha convocado a los satélites del territorio nacional a unirse a la sagrada misión de erradicar el último bastión del placer culpable: los dispositivos de vaporización de esencias. Esto, naturalmente, justo después de que el augusto Senado de la República, en un arrebato de celo sanitario, decidiera que la mejor forma de proteger al ciudadano es declararle la guerra a un tubo de plástico con batería.
El Sermón Matutino desde el Palacio de la Pureza
Desde su púlpito en Palacio Nacional, la Mandataria federal, con la gravedad de quien anuncia una plaga bíblica, desgranó los padecimientos que estos artefactos del demonio moderno infligen a la salud pública. “Los estados también deben alinearse en esta cruzada contra el vapor insidioso. Es un producto nocivo. Por ello, esta ofensiva irá acompañada de una campaña de iluminación masiva, como es costumbre en nuestro gobierno ilustrado”, proclamó, probablemente entre bocanadas de aire puro y certificado.
“Existe la falacia peligrosa de que se puede sustituir el cigarro tradicional por este engaño tecnológico, cuando la verdad revelada es que estos vapeadores, en ciertas circunstancias, son más perniciosos que la combustión clásica. La consigna es clara: ni lo antiguo, ni lo nuevo; solo la abstinencia gloriosa”, sentenció, trazando así un futuro donde el único humo permitido será el de la pira de las vanidades confiscadas.
El Decreto Definitivo: Caridad con Garrote
En un movimiento que fusiona el absolutismo ilustrado con el manual del buen vecino, el Senado ha bendecido y enviado al Altar del Ejecutivo las reformas a la Ley General de Salud. Este texto sagrado establece la proscripción total de la manufactura, el comercio, la importación, la exportación y hasta el susurro publicitario de los aparatos electrónicos de nicotina y sus primos análogos en todo el reino. Una victoria para la pureza, aunque quizá un día triste para la industria del contrabando, que ve renovadas sus oportunidades de crecimiento.
La nueva normativa, que pronto será grabada en el Papiro Oficial de la Federación, prevé castigos ejemplares: de uno a ocho años de reclusión y multas que oscilan entre un modesto tributo y la venta de un riñón, para aquellos mercaderes sin escrúpulos que osen lucrar con estas fuentes de corrupción inhalable. Eso sí, en un giro de compasión postmoderna, se aclara con magnanimidad que el ciudadano que posea o consuma el artefacto para su deleite personal no será criminalizado. Solo se persigue al proveedor, en una lógica tan impecable como perseguir al que vende cuchillos pero no al que los usa, siempre que no haga daño… a nadie más que a sí mismo, se entiende.
El Paradójico Edicto del Bien Común
Así, el Estado, en su infinito celo paternal, dibuja un panorama surrealista: un ciudadano puede poseer legalmente un vaporizador personal, pero es un delincuente si intenta comprarlo, y un criminal de alta peligrosidad si intenta venderlo. Se consagra así el derecho a tener, pero no a obtener, en una joya de ingeniería jurídica que Swift mismo envidiaría. La salud pública se protege no atacando la raíz del consumo, sino erigiendo un mercado negro por diseño, donde el único humo que se disipará será el de la coherencia.
