Hay un documento circulando en los pasillos del poder que podría cambiar las reglas del juego político en México. No viene de un partido, sino de la gente. Más de 136 mil firmas respaldan esta iniciativa ciudadana que acaba de llegar formalmente a la Comisión Permanente del Congreso.
Su objetivo declarado es claro, pero profundo: rescatar la integridad de nuestro voto. > “Las y los ciudadanos no queremos elecciones que rompan con la integridad electoral… Queremos que nuestro voto cuente y se respete”, señala el texto al que tuvo acceso este medio.
Pero, ¿qué hay detrás de esta propuesta? Un análisis detallado revela una arquitectura diseñada para tapar grietas por donde se ha filtrado la desconfianza.
El primer frente: el asedio al INE.
La iniciativa no es tímida. Recuerda los “diversos ataques” al Instituto Nacional Electoral en años recientes. Por eso plantea blindarlo constitucionalmente: su estructura nacional debe mantenerse intacta y su presupuesto no puede reducirse respecto al año anterior. Además, propone que los consejeros requieran el voto de tres cuartas partes de la Cámara para ser designados, una barrera alta para la partidocracia.
El segundo frente: la cancha dispareja.
Aquí la investigación periodística encuentra uno de los núcleos más candentes. El documento denuncia que elecciones pasadas mostraron “claras ventajas presupuestales y comunicacionales”. Su solución es radical: repartir el financiamiento público a partes iguales entre todos los partidos, eliminando la porción extra por votos. Lo mismo con el tiempo en radio y TV. La idea es clara: quitarle la ventaja automática al más grande.
“Se pretende evitar que partidos con mayor votación monopolicen también recursos para capacitación”, explica el texto.
El tercer frente: la sombra del crimen.
Este es quizás el punto más oscuro y urgente. La iniciativa establece una causal directa de nulidad para una elección. ¿La condición? Que se pruebe incidencia del crimen organizado, ya sea por financiamiento, coacción a votantes o robo de paquetes electorales. Es una línea roja dibujada con tinta gruesa.
Y luego están los detalles que revelan malas prácticas.
- Un sistema público de denuncias en tiempo real para gastos de propaganda opacos.
- La prohibición expresa de condicionar programas sociales al voto.
- Medidas contra el chapulineo: si un legislador renuncia a su partido en el primer año, lo sustituye su suplente. Recién al tercer año puede integrarse a otra bancada.
- Límites estrictos para evitar sobrerrepresentaciones artificiales mediante coaliciones.
La pregunta que queda flotando en el aire es obvia: ¿sobrevivirá esta iniciativa al laberinto legislativo? Fue turnada a comisiones para su análisis. Sus promotores dicen buscar solo una cosa: que seamos nosotros, los ciudadanos, los verdaderos actores de esta democracia. El tiempo dirá si los políticos escuchan.
